Desmantelan red de corrupción en el transporte público de Rio




Río de Janeiro, Brasil.

La policía brasileña lanzó este lunes una vasta operación anticorrupción contra dirigentes del sector del transporte público de Rio de Janeiro acusados de pagar sobornos astronómicos al exgobernador Sergio Cabral, hoy en prisión.

Según la Fiscalía, la red desmantelada por la operación "Ponto Final" está acusada de haber distribuido más de 260 millones de reales (unos 78 millones de dólares al cambio actual) en sobornos a políticos locales.

Sergio Cabral, preso en noviembre y condenado recientemente a más de 14 años de prisión, habría recibido él solo prácticamente la mitad (122,85 millones de reales), de 2010 a 2016.

La red corrupta abonaba estas cantidades "con el objetivo de obtener contratos y controlar las tarifas", según explicó la Fiscalía en un comunicado.

La intervención de este lunes fue lanzada en el marco de la Operación Lava Jato -la investigación tentacular que reveló el megaescándalo de corrupción en Petrobras- e incluyó la emisión de órdenes de arresto para 12 directivos del sector. Tres de ellos ya fueron detenidos, confirmaron las autoridades.

El primer arresto ocurrió el domingo por la noche, en el aeropuerto de Rio, cuando el empresario Jacob Barata Filho trataba de tomar un avión hacia Portugal.

Su defensa negó que el detenido pretendiera viajar sin billete de vuelta y que estuviera tratando de huir tras haber sido avisado de la operación policial de este lunes, tal y como publicaron algunos medios brasileños.

Su padre, Jacob Barata, apodado "el rey del bus", es uno de los magnates más influyentes del sector de los transportes públicos en Rio desde hace décadas.

En 2013, fue uno de los principales objetivos de las grandes manifestaciones contra el aumento de las tarifas de los autobuses.

Gobernador de 2007 a 2014, y conocido por su extravagante estilo de vida, Sergio Cabral encarna la amplitud del escándalo de corrupción que sacude a Brasil.

Objeto de una decena de procesos judiciales, dirigía una red que habría desviado el 5% de todas las obras públicas, incluida la de la renovación del mítico estadio de Maracaná para el Mundial-2014.