Tegucigalpa, Honduras.

Autoridades hondureñas confiscaron este lunes decenas de propiedades, incluyendo empresas, edificios y residencias, a socios de integrantes del cartel 'los Cachiros', cuyos miembros se entregaron a cortes estadounidenses que los acusan de narcotráfico, informó la fiscalía.

Las operaciones se desarrollaban en los departamentos de Francisco Morazán (capital), Cortés, Colón, Atlántida (norte) y Valle (sur), donde hubo 58 allanamientos de inmuebles, sociedades mercantiles y confisaciones de bienes muebles y vehículos, dijo el Ministerio Público (fiscalía) en un comunicado.

Como parte de la operación, "se efectúan varias capturas por el delito de lavado de activos de socios vinculados a los hermanos Rivera Maradiaga", más conocidos como 'los Cachiros'.

Según la fiscalía, los detenidos integran el brazo financiero del cartel dirigido por los hermanos Rivera Maradiaga, y gracias a esa relación pudieron conformar empresas fuertes que en algunos casos participaron en licitaciones del gobierno.

En marzo de 2017, Devis Leonel Rivera Maradiaga, jefe del cartel 'los Cachiros', confesó en una corte de Nueya York que entre 2003 y 2013 realizó operaciones para el tráfico de drogas procedente de Sudamérica hacia Estados Unidos, además de que participó en 78 asesinatos.

Rivera tesfiticó en contra de Fabio Lobo, hijo del expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), quien en septiembre del 2017 fue condenado por la justicia estadounidense a 24 años de cárcel por colaborar con 'los Cachiros'.

Una de las empresas intervenidas es Producción de Energía Solar y Demás Renovables S.A de C.V. (Prodersa), uno de cuyos accionista es el ingeniero Roberto David Castillo, un militar retirado, capturado el viernes pasado bajo cargos de ser autor intelectual del asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.

Cáceres fue asesinada entre el 2 y 3 de marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en la comunidad de La Esperanza, oeste.

La ambientalista había denunciado a Castillo y a otros ejecutivos de DESA de amenazarla de muerte por oponerse a la construcción de una represa hidroeléctrica en territorio de indígenas lenca, en el oeste del país.