Guadalajara, Jalisco.

Enrique Lira Coronado, representante de la agrupación Pueblos Afectados de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, advirtió que no declinará en su lucha y hasta que muera dejará de insistir, para que se haga efectivo en Jalisco, el derecho a tener agua potable y a un medio ambiente sano.

Este viernes, Enrique Lira Coronado, a nombre de los 31 pueblos pertenecientes a 11 municipios, instaló un plantón frente a Palacio de Gobierno, para exigir que la Subsecretaría de Asuntos del Interior del gobierno de Jalisco, cumpla con los acuerdos en reuniones realizadas con la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (Semadet), en el que se exige sancionar a las industrias que realizan descargas de aguas sin tratar a los ríos Lerma, Santiago y Zula.

Las descargas sin control ya tienen impacto en Guadalajara, ya que llega agua turbia y contaminada a los hogares.

“La exigencia es que se cumplan los acuerdos que tenemos, con base en la Constitución y a las leyes y los derechos humanos, con el subsecretario de Asuntos del Interior, cuando estaba de gobernador Aristóteles Sandoval. Deben recordar que es cuando salió el problema de enfermos renales de Poncitlán. En ese tiempo, la Universidad de Guadalajara (UdeG) le dio los datos al gobierno de Jalisco, al SIAPA, que presidía Aristeo Mejía Durán, y al gobierno de Poncitlán, y le dijeron al gobernador, si no aplica un programa de políticas públicas, para prevenir este problema de Poncitlán, va a llegar a Guadalajara, porque este municipio está actuando en forma omisa, en cuanto a la norma del agua, porque la manda como está, no la trata”, explicó.

Lira Coronado dijo que el agua sucia de los ríos llega a la planta potabilizadora de Miravalle y de ahí, el SIAPA la distribuye a los hogares.

Dijo que el problema del agua potable que no es saludable, las descargas sin control a los ríos y los enfermos renales existentes en los municipios de Poncitlán, Chapala y El Salto, lo resolverán instancias internacionales en materia de derechos humanos.

“Se va a venir una Corte Internacional de Derechos Humanos a llevar (a los funcionarios) a Suiza, a declarar, por no estar atendiendo su responsabilidad de gobierno. Bien dice el artículo 1º cuando ellos juran la Constitución, juran cumplir la Constitución y si no, que el pueblo se los demande. Eso es lo que estamos haciendo aquí: demandándoles que o cumplen la Constitución o se vayan a una oficina de empresa a tener su oficina, porque estamos pagando Palacio de Gobierno, estamos pagando sueldos y está trabajando cada funcionario –y los diputados también- en hacer negocio con las inmobiliarias y no están cumpliendo los derechos humanos”, expresó.

La agrupación Pueblos Afectados de la Cuenca Lerma-Chapala-Santiago, calcula que han muerto 776 personas por insuficiencia renal y 226 por cáncer, en un periodo de 10 años, a causa de la contaminación de los cuerpos de agua con metales pesados.