Quito, Ecuador.

El dirigente del movimiento indígena de Ecuador, Jaime Vargas, pidió este domingo al presidente Lenín Moreno que derogue el decreto 883, que elimina el subsidio a las gasolinas, porque si eso no se cumple "seguiremos firmes y unidos" con el "compromiso inclaudicable de defender a nuestro pueblo".

"Está en sus manos Sr. Presidente recuperar la patria. Tenemos bajo nuestra responsabilidad la dignidad de un país que nos reconoce como su legítimo interlocutor. ¡No vamos a negociar esa dignidad, no vamos a negociar a nuestros caídos!", dijo Vargas en su comparecencia en la mesa de diálogo inaugurada hoy a unos 30 kilómetros de Quito.

Vargas agregó que "esperamos que hoy se encuentre una solución definitiva y duradera", a la vez que recordaron que debe ser eliminado el decreto que eliminó el subsidio a las gasolinas y desató la actual ola de violencia.

El inicio de las conversaciones, que se desarrollan de manera directa después de once días de violentas protestas, se realiza en las instalaciones de la Unidad Educativa Salesiana "Cardenal Spellman", un colegio ubicado en el sector de San Patricio, en la zona de Lumbisí, al sureste de Quito.

El proceso, que se realiza bajo el auspicio de la Conferencia Episcopal y el Sistema de Naciones Unidas en Ecuador, empezó con un minuto de silencio por las personas fallecidas en las jornadas de protestas que comenzaron el pasado 3 de octubre.

El presidente Moreno replicó a Vargas y dijo que, para él, la eliminación del subsidio a las gasolinas sí beneficiará a la población, sobre todo a la más pobre, pero que también fortalecerá la dolarización.

Indígenas de Ecuador piden a Moreno "inmediata" destitución de dos ministros

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El mandatario alentó a buscar una fórmula para que el dinero que se genere por la eliminación del subsidio se dirija a los más pobres y señaló que en eso debería trabajar una comisión bilateral que analizará las posiciones.

Sin embargo, dijo que lo único que no hará es conversar con los correístas, es decir con los seguidores del expresidente Rafael Correa (2007-2017) a quien culpó de la crisis que afecta al país y de haber alentado una ola de desestabilización.

"No voy a conversar ni un solo momento es con los correístas", recalcó Moreno al atribuir de nuevo la responsabilidad de la ola de violencia a los partidarios de su predecesor.

El vicepresidente del Episcopado, Luis Cabrera Herrera, dio la bienvenida al mandatario y a los líderes indígenas por haber aceptado el inicio de las conversaciones y la mediación de la Iglesia y del Sistema de Naciones Unidas.

"En nombre del pueblo ecuatoriano les felicitamos por la sensibilidad social y la decisión de afrontar, con serenidad, sinceridad y realismo, los grandes desafíos que estamos viviendo y juntos buscar con sabiduría las soluciones apropiadas", agregó Cabrera Herrera.

Auguró que las decisiones "respondan a las aspiraciones de todos los ecuatorianos y particularmente de los sectores marginados como los campesinos y los indígenas".

"Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra", parafraseó al papa Francisco.

De su lado, Arnaud Peral, coordinador residente de ONU en Ecuador, felicitó la voluntad de diálogo de las partes para alcanzar "la paz y al reconciliación".

"Ecuador ha sufrido muchísimo y ha llegado el momento de la reconciliación" y de "dejar atrás la violencia y el odio", agregó Peral quien presentó, al inaugurar el proceso, sus condolencias y solidaridad con los fallecidos en las protestas, que según la Defensoría del Pueblo llega a siete.

También instó a "ir buscando los puntos que nos unen y no seguir insistiendo en los puntos que nos dividen", agregó.

La mesa de diálogo está integrada también por el presidente de la Federación de Indígenas Evangélicos, Manuel Chugchilán; y de la Federación de Organizaciones Indígenas, Campesinas y Negras (Fenocin), Santos Villamar, entre otros.

Las protestas comenzaron el pasado 3 de octubre contra las medidas de austeridad económicas adoptadas por el Gobierno, especialmente la eliminación de los subsidios a los combustibles, como parte de las condiciones puestas por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otras instituciones para un crédito de 10.000 millones de dólares.