Tegucigalpa, Honduras.

Una organización indígena de Honduras urgió este jueves al Congreso de Estados Unidos cesar el financiamiento a la policía del país centroamericano mientras no cese la represión contra las comunidades étnicas.

En una carta enviada a Washington, el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas (Copinh) demanda al legislativo estadounidense aprobar el proyecto de "Ley Berta Cáceres sobre los Derechos Humanos en Honduras".

La iniciativa fue presentada al Congreso de Estados Unidos en junio de 2016 por cinco legisladores encabezados por Hank Johnson (Demócrata de Georgia), y pide sanciones para los asesinos de la ambientalista hondureña Berta Cáceres y suspender la ayuda a la policía.

Copinh, ahora coordinado por Berta Zúniga, hija la ambientalista asesinada, sostuvo que después del golpe de Estado de 2009 contra el entonces presidente Manuel Zelaya, se "instauró un periodo de represión y terror" para profundizar "el saqueo y la venta del país a empresas privadas y a una pequeña élite" hondureña.

El asesinato de Cáceres, que era coordinadora del Copinh, fue "producto de la profundización de este sistema neoliberal y militarista, el cual asesina a quienes defienden los pueblos, los bienes comunes de la naturaleza", denunció la organización.

Cáceres fue asesinada en marzo del 2016 por pistoleros que entraron a su casa en La Esperanza, en el oeste del país. Ocho personas están acusadas, en cuenta un directivo de una empresa que había amenazado a la ambientalista por oponerse a la construcción de una represa en un río en territorio indígena lenca.

Zúniga denunció que la semana pasada cuatro hombres desconocidos la amenazaron con machetes mientras se transportaba con otros miembros del Copinh en un vehículo, al que trataron de lanzar a un abismo en una carretera rural en Santiago de Puringla, en el oeste de Honduras.