Zapotlán el Grande, Jalisco.

Los empresarios pequeños o grandes que abren ilegalmente huertas aguacateras no son ignorantes, están bien asesorados para violar la ley y sus procedimientos técnicos que provocan daños o sobreexplotación forma parte del cálculo: sacar ganancias en un periodo corto, advierte Juan Valencia, investigador del Centro Universitario del Sur, de la UdeG.

“No es falta de asistencia técnica, los aguacateros perfectamente saben, alegan ignorancia, alegan locura, pero en realidad sí saben, perfectamente saben, se asesoraron […] nunca se había visto en años anteriores”.

Pero la plaza o la maña existe. Los controles de algunos pueblos en el Sur de Jalisco son completos. Este es el caso de una comunidad indígena tradicional ubicada en la falda sur del Nevado de Colima, donde un grupo criminal dicta la ley, de acuerdo a un testimonio ofrecido bajo la condición del anonimato.

La violencia despiadada no es negocio. La plaza ha tratado de constituirse en un poder sensato e incluso evoluciona hacia ciertas preocupaciones ambientales debidas al desastre aguacatero.

“Cuando el Mencho ordena que una zona no se quemará, es más efectivo que todas las brigadas ambientales juntas",

bromea otro investigador.

Pero es más verdadero que un chiste: en la zona de El Chante, de Autlán, la prohibición de quemas fue altamente efectiva en 2019. No es lo mismo el “peso de la ley” que la amenaza real de ser ajusticiado por insubordinarse al control territorial de la plaza.