Huajimic, Nayarit.

Un diálogo áspero y amenazas de que ganaderos armados defenderían sus intereses contra la ejecución de dos sentencias favorables a la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en las inmediaciones de Huajimic, en Nayarit, disuadieron al personal del Tribunal Unitario Agrario 56, de Tepic, de entregar formalmente las tierras ganadas por los comuneros en forma definitiva en sendos juicios agrarios llevados ante las instancias judiciales competentes.

Ayer, como ocurrió en septiembre de 2017, el músculo de los posesionarios pudo más que la fuerza de las instituciones, reducidas a un actuario y un topógrafo del tribunal, y dos camionetas con una docena de policías nayaritas enviados para protegerlos, además de los abogados y equipo técnico que respalda a los huicholes.

La causa de que se haya de nuevo activado la resistencia de los ganaderos es simple: a diferencia del expediente ejecutado en octubre de 2017, los posesionarios no recibieron esta vez alguna indemnización por parte de la autoridad federal (que no asignó fondos en el presupuesto 2018 para ello) ni la estatal nayarita (que asegura no tuvo tiempo de negociar con los posesionarios afectados). La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, se ha negado a financiar las conciliaciones a través de Cosomer (Conflictos Sociales en Medio Rural), desde que estalló el conflicto en 2016.

Al final, la representación de la justicia agraria determinó suspender el procedimiento, tras considerar delicada la exposición por tratarse de dos terrenos muy cerca de Huajimic.

El 17 de marzo se había suspendido la ejecución del expediente 1447/2012, del demandado José Quintanilla, con 129 hectáreas, pues el afectado alegó que por su edad no se había podido trasladar a las audiencias de conciliación. Los expedientes suspendidos ayer son: 1515/2012, contra Arnulfo Pacheco Vázquez, por 12-19-66.25 hectáreas, y 1466/2012, contra Alejandro Hernández Márquez por 3-53-79.69 ha.

El 12 de abril está programado ejecutar los siguientes juicios: 770/2012, contra Ignacio Quintanilla, con 15 hectáreas; y 1460/2012, contra Fortino Montoya, con 00-06-16.38 hectáreas. El magistrado asegura que no será pospuesto, y que todas las autoridades estatales y federales, incluso el ejército, serán llamadas para que asuman la responsabilidad de proteger la diligencia.