Guadalajara, Jalisco.

El golpe a la autonomía universitaria en Nayarit es un precedente negativo para todas las universidades del país, consideró el Rector General de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí.

Por eso, las instituciones de educación superior se han solidarizado con la Universidad Autónoma de Nayarit.

“Sentaría un precedente inadmisible de la interpretación de la autonomía. Eso tiene que defenderse ante un tribunal. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en muchos textos, ha establecido que hacer algo así degradaría una garantía constitucional”.

“Los derechos humanos se gozan, aunque no estén tan explícitos en la ley y la autonomía es lo mismo, tiene que estar tan claro. Por supuesto que los consejos generales no van hacer leyes. No. Sino que esos consejos tienen autonomía, y estos deben de decidir cómo se van a gobernar”, dijo.

El Congreso de Nayarit aprobó el 4 de enero una nueva Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Nayarit en la que impone un Colegio Electoral externo para procesar nombramientos de próximos rectores.

Villanueva Lomelí criticó que esta reforma se haya probado en periodo vacacional y en sábado, de manera exprés.

Señaló que todo cambio a las leyes orgánicas debe de emanar de los Consejos Universitarios para luego pasar a los Congresos.

“Hoy todos gozamos de los beneficios de la autonomía. Es un logro civilizatorio. El libre pensamiento en la historia de la humanidad ha tenido muchos empates y estos conceptos de la autonomía universitaria hoy gozamos de ellos, pero son cosas que no sentimos, pero el día que las perdamos, vamos a lamentar no tenerlos”.

“Las universidades deben enfrentarse al poder y ser entes críticos y como eso ya lo tenemos a veces no se valora. Por eso las universidades de todo el país nos hemos unido porque no vamos a permitir que un congreso local intérprete de muy mala manera la autonomía”.

Agregó que estar a favor de la autonomía no quiere decir que estén a favor de malos manejos y por ello las universidades están dispuestas a someterse a auditorías, y, si fuera el caso, a crear órganos de control de acuerdo con lo que marca la nueva normativa del Sistema Anticorrupción.