Fotografía: AFP
Madrid, España.

En medio de un agrio pulso, el gobierno de España amenazó este lunes con hacer “lo que haga falta” si el ejecutivo de Madrid no toma medidas contundentes para frenar el avance descontrolado del covid-19 en la capital, epicentro de la epidemia en el país.

Si la administración regional de Madrid, dirigida por los conservadores, no rectifica y endurece su estrategia ante el virus, “no tenga duda de que (el gobierno central) está preparado para afrontar lo que haga falta”, advirtió en una entrevista con la radio pública RNE el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo.

“Ya vamos tarde (…), no hay que tomárselo como un juego”, insistió en rueda de prensa el ministro de Sanidad, Salvador Illa, tras una reunión con autoridades madrileñas de salud la tarde del lunes en la que no hubo avances. “Cuanto más tardemos, más duras serán las medidas que tendremos que tomar”, agregó.

Desde finales de la semana pasada el gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez aplica presión total para tratar de forzar la mano del ejecutivo madrileño, que como ocurre con todas las regiones autónomas de España, es el único competente en materia de salud.

Ante una incidencia del virus, que con 775 casos por cada 100 mil habitantes dobla la del conjunto de España, de por sí el país de la Unión Europea con el peor índice, el gobierno regional de Madrid impuso hace una semana limitaciones a la movilidad en las zonas más afectadas.

Este lunes, esas restricciones, que impiden a las personas salir de sus vecindarios salvo para ir a trabajar o al médico, se ampliaron a poco más de 1 millón de los 6,6 millones de habitantes de la región.

Algo insuficiente para el gobierno, que exige limitar los movimientos de la ciudad capital (más de 3 millones de habitantes) y otras áreas con alta incidencia del virus de la región madrileña, que concentra un tercio de los casos confirmados y decesos de toda España en la pandemia (748 mil 266 contagios y 31 mil 411 decesos), y reducir aún más aforos de bares y restaurantes.

“Madrid no se puede cerrar”, zanjó la noche del domingo Isabel Díaz Ayuso, militante del Partido Popular (PP) que dirige la coalición de derecha que gobierna la región, advirtiendo del impacto económico de volver a confinar Madrid, tal y como ocurrió entre marzo y junio cuando todos los españoles fueron puestos bajo un encierro domiciliario que permitió controlar la primera ola de la epidemia.

El enfrentamiento estalló el viernes, cuatro días después de que se reunieran Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para coordinar la respuesta a la escalada del virus, cuando el ministro Illa convocó una rueda de prensa paralela a otra que ofrecían responsables de salud de Madrid para denunciar que el ejecutivo regional hacía caso omiso a sus recomendaciones.

– Evitar un desgaste político –

Si Madrid, “buque insignia” de la derecha contra el gobierno de Pedro Sánchez, no da su brazo a torcer, el ejecutivo central tiene “herramientas legales” para actuar, explica a la AFP Cristina Monge, politóloga de la Universidad de Zaragoza.

Estas pueden ser “menos agresivas”, como usar un decreto de junio que regula la “nueva normalidad” tras el confinamiento que permite al gobierno decidir medidas en “situaciones de urgente necesidad”.

O “más fuertes”, como declarar un estado de alarma en Madrid, un régimen de excepción que permitiría al ejecutivo nacional asumir el control en materia sanitaria, o incluso aplicar un artículo de la Constitución que permite suspender la autonomía regional, tal y como se hizo con Cataluña tras la fallida declaración de independencia en 2017, indicó Monge.

Pero el gobierno quiere que sea Madrid la que actúe porque “sabe que si aplica medidas de intervención directa, pueden tener un efecto contraproducente, ya que Díaz Ayuso y el PP lo puedan acusar de ser el culpable de la gestión (de la crisis), de tener modos autoritarios e invadir sus competencias”, explica Pablo Simón, politólogo de la Universidad Carlos III de Madrid.

Ambas administraciones “tratan de evitar el desgaste político, nadie quiere asumir el costo de tomar medidas impopulares, aunque estas sean necesarias para el control de la pandemia”, resume Simón.