Guadalajara, Jalisco.

Durante el periodo de 2016 a 2018, las secretarías de Educación y de Administración, compraron a sobreprecio 4 mil 270 robots para planteles de preescolar, primaria y secundaria. Se calcula que se pagaron cinco veces más caros.

Un robot como el que se compró en la gestión del ex secretario de Educación, Francisco Ayón López, cuesta hoy $2 mil pesos y los que se compraron fueron adquiridos, cada uno, en $9 mil 946.

El subsecretario de Administración, Gerardo Rodríguez Jiménez, dijo que se trata de una red de corrupción similar a la que operó la venta de plazas laborales en la Secretaría de Administración.

Los contratos en los que se encontró fraude y compras a sobreprecio, son cinco, con un monto total de $137 millones, a las empresas Probaco SA de CV, con sede en Monterrey e Impact BD SA de CV, con sede en Sonora. Se presume que ambos proveedores son “empresas fantasma”.

“¿Qué nos hace presumir esto?, que al igual que en la venta de plazas hay una red de corrupción en las compras relacionadas con robótica y la capacitación de la robótica. Al principio compraron robots y después se fueron por la capacitación y ahí al no dar la capacitación, es ahí donde era el gran negocio”, subrayó Gerardo Rodríguez.

La corrupción se encontró también en la capacitación. Por dar asesoría en el uso de robots se cobró $78 mil por escuela, incluidos cinco robots, sin embargo, la mitad de los planteles no recibió capacitación alguna y los que la recibieron, solo les ponían un video de youtube, en una única sesión, explicó el secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes.

“Pero nos pareció todavía más preocupante el tema de la capacitación, porque encontramos una simulación de capacitación. En teoría, se tuvieron que haber atendido a 1,733 escuelas en los tres años recientes, según los contratos. Llamamos a las escuelas y contactamos a 400 como una muestra y detectamos que 50% refieren no haber recibido capacitación y solamente se les entregaron los robots”, refirió.

La directora jurídica de la Secretaría de Educación, Esmeralda Larios Fernández, dijo que se configura el delito de fraude, al firmar capacitaciones que nunca recibieron las escuelas.

“Aquí es donde se empieza a configurar un delito por parte de servidores públicos de la Secretaría de Educación, al firmar de conformidad, de que se habían llevado a cabo absolutamente todas las capacitaciones”, aseguró.

El caso ya se notificó a la contralora estatal, Teresa Brito, quien ocupó el mismo cargo en el gobierno anterior. A esta dependencia le corresponderá interponer denuncias penales, ante la Fiscalía Anticorrupción.