Guadalajara, Jalisco.

El país debe dar en el año 2020 las primeras cuentas del cumplimiento de los acuerdos internacionales que ha firmado en materia de cambio climático, pero hasta ahora, carece de una estructura sólida de gasto público que permita tener confianza de que así será, advirtió la especialista de la Universidad de Guadalajara (UdeG), e integrante de la comisión de evaluación del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), Raquel Gutiérrez Nájera.

La comisión, integrada por seis consejeros sociales y la titular del INECC, María Amparo Martínez Arroyo, revisa el gasto federal, en particular, el anexo de cambio climático, y el Programa Especial de Cambio Climático (PECC), para determinar si hay recursos suficientes, si es transparente el modo de ejecución y si hay transversalidad en la política de gasto, dado que son condiciones esenciales para alcanzar las metas de cambio de modelo económico a uno cuyo consumo de energía sea de bajo carbono.

Pero la incertidumbre es tal, que la investigadora que preside en Guadalajara el Instituto de Derecho Ambiental (Idea) duda que sea asequible la meta de 2020.

Tampoco está resuelto el viejo conflicto de que el gasto público financia el deterioro ambiental con subsidios a actividades económicas depredadoras. Caso emblemático de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa).

En 2020, el país deberá haber reducido en 30 por ciento sus emisiones de gases de efecto invernadero, además de entregar resultados contundentes en su lucha por reducir la deforestación, que actualmente alcanza 96 mil hectáreas por año, según datos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor).