Tlaquepaque, Jalisco.

El juzgado sexto en Materia Administrativa concedió razón legal a vecinos del Cerro Gachupín agrupados en la asociación civil Cerro Guardián del Agua, ubicado en territorio que le corresponde a la comunidad de Hecho Santa María Tequepexpan.

El asunto es que el desarrollo inmobiliario voraz, que no cuenta con licencias de construcción ni trámites en orden expedidos por el ayuntamiento de Tlaquepaque, ha alterado el orden de la vida cotidiana de quienes viven ahí desde hace más de 40 años, al grado de alterar, también, el círculo natural del agua sobre una zona de descarga de agua a la que le están inyectando concreto.

La señora Milagros González, vecina de la zona afectada, con seguridad y claridad del problema, describe cómo el municipio de Tlaquepaque está favoreciendo los intereses de las inmobiliarias Invert, Incity y Zenit.

De inmediato, ya padecen inundaciones que ponen en riesgo su vida y el patrimonio. La única explicación que tienen es la extracción de material pétreo, la modificación del flujo y corrientes en la zona de descarga. Entre otros argumentos, esos se plasmaron en la demanda de amparo. Eduardo Mosqueda de IDEA A.C., dio detalles del proceso legal.

Como parte de las pruebas de la falta de licencias sobre acciones concretadas que las inmobiliarias están haciendo, acudieron a un notario público para una inspección. Del municipio de Tlaquepaque, el juzgado federal, solo recibió actas municipales que negaban cada hecho comprobado. Por ello la posición de la organización que lleva el amparo y los vecinos, es pedir la renuncia de la presidenta municipal María Elena Limón y que se les aplique una inhabilitación para la función pública, como argumentó Pedro León, también de IDEA A.C.

La suspensión definitiva, como en otros conflictos socio-ambientales de la zona metropolitana y Jalisco, ordena el cese de la obra e, indican, tanto las empresas de construcción como el municipio de Tlaquepaque, han ignorado el fallo judicial; aclaran que los caos que enfrenta la metrópoli en temporal de lluvias, responde a la intervención urbana al amparo de permisos sin licencias que los municipios permiten.