Ocotlán, Jalisco

La denuncia que interpusieron 35 ganaderos de diferentes comunidades de Ocotlán como lo son El Pedregal, El Paso de la Comunidad y El Palmar, para manifestar su inconformidad en contra de la empresa agropecuaria Trigón por la contaminación que ha generado en algunos abrevaderos tras verter aguas residuales sin ningún tratamiento, será remitida al juzgado penal del Poder Judicial de Jalisco, con la inclusión de todos los peritajes a efecto de que se determine la responsabilidad que pueda tener la empresa.

El abogado que apoya a los ganaderos, Luis Carlos Torres Flores, explicó que dentro de las averiguaciones previas encontraron que la compañía no tiene permiso para operar y desarrollan su trabajo de manera clandestina.

Torres Flores indicó que de momento continúan trabajando en la conformación del expediente que presentarán ante el juzgado penal, donde incluirán investigaciones y averiguaciones previas como lo son los peritajes que fueron realizados por el Servicio Médico Forense de Guadalajara (SEMEFO) y por especialistas en la materia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) en noviembre de 2016.

En una ocasión anterior habían enviado el expediente pero el juez que revisa el caso consideró que no había los elementos suficientes, sin embargo ahora serán integradas las inspecciones realizadas por la CONAGUA y SEMEFO como pruebas contundentes.

Uno de los ganaderos afectados, Jesús Zúñiga González, comentó que la denuncia tiene la finalidad de recuperar todos los recursos que ha gastado desde que empezaron a fallecer sus reses.

Además de las afectaciones de los malos olores que se producen por el estancamiento de las aguas sin tratar, de acuerdo con las cifras expuestas por González Zúñiga, suma la cantidad aproximada de más de un millón 200 mil pesos de pérdidas entre la muerte de más de 50 vacas, los gastos en medicamentos para buscar la estabilidad de los animales y el pago al veterinario especialista en la materia.

El abogado comentó que tienen las pruebas suficientes para que se sancione y se regule a la empresa agropecuaria, ya que los estudios realizados por CONAGUA y SEMEFO arrojaron que el agua contiene contaminantes tóxicos.

Torres Flores espera que en los próximos dos meses el juzgado penal pueda dar respuesta a la solicitud de la denuncia. La Procuraduría General de la República (PGR) podría sancionar por delito ambiental, mientras que el Poder Judicial de Jalisco sancionaría por las muertes de las vacas y becerros de más de 35 ganaderos afectados.