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Fotografía: EFE/Sáshenka Gutiérrez
Ciudad de México, México.

El fiscal general de México, Alejandro Gertz Manero, defendió este lunes su propuesta de retipificar el feminicidio como homicidio agravado y desmintió su renuncia en medio de rumores tras una serie de polémicas recientes.

El fiscal citó que en los últimos cinco años los homicidios han crecido 35 % mientras que los feminicidios han aumentado 137 % como una prueba, según su perspectiva, de que es necesario modificar la ley para perseguir de manera más eficaz perseguir los crímenes contra las mujeres.

“El delito no está, de acuerdo con nuestro punto de vista, lo suficientemente claro como para poder hacer esa defensa. ¿Por qué? Porque en los homicidios no tenemos ese aumento y en los feminicidios sí. Todo es de lógica elemental”, justificó en la rueda de prensa matutina desde Palacio Nacional.

La controversia sobre eliminar la figura de feminicidio, que es el asesinato de las mujeres por razones de género, se desató la semana pasada tras filtrarse a los medios una reunión que tuvo Gertz con diputadas del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

Las legisladoras del partido se opusieron al cambio al apuntar a un contexto en el que, tan solo el año pasado, hubo 976 denuncias por feminicidio y un estimado de 1,006 casos de este crimen, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP).

Aun así, el fiscal general reiteró este lunes que en la tipificación de este delito han encontrado obstáculos que “deben superarse”.

“Si el Ministerio Público tiene más capacidad para poder resolver los problemas de homicidio, si tenemos un grupo vulnerable, tenemos que manejarnos en la capacidad que existe. Hacer leyes que no entienden la realidad de los niveles de competencia, que tienen que ir subiendo y mejorando, no va en favor de las víctimas”, dijo.

El funcionario informó que se reunirá este martes con diputados federales para tratar este y otros asuntos relativos a una posible reforma judicial, que también incluye la creación de un código penal único que reemplace a los actuales estatales y federal, una propuesta que también ha despertado críticas en su contra.

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