Río de Janeiro, Brasil.

Los defensores de la Operación Lava Jato, bajo sospecha de parcialidad política para perjudicar al expresidente de izquierda Luiz Inácio Lula da Silva, tratan de blindar este lunes la mayor investigación anticorrupción de Brasil y al ministro de Justicia, Sergio Moro.

La bomba fue lanzada el domingo por el portal The Intercept Brasil, que publicó mensajes pirateados en los últimos años entre los fiscales de la operación entre sí y con el juez Sergio Moro, llamado en enero a integrar el gobierno del presidente de ultraderecha Jair Bolsonaro.

Entre los mensajes publicados por The Intercept, destaca una serie de octubre pasado, cuando los fiscales obraron para impedir que Lula, encarcelado desde abril de 2018, fuera entrevistado por temor a que pudiese beneficiar a Fernando Haddad en las elecciones presidenciales ganadas por Bolsonaro.

Lula, incluso entre rejas, era el favorito en los sondeos hasta que su candidatura fue invalidada en septiembre por la justicia electoral.

The Intercept, cofundado por Glenn Greenwald -quien en 2013 publicó las filtraciones de Edward Snowden sobre los programas de vigilancia masiva implementados por la NSA estadounidense- asegura además que los mensajes publicados el domingo son "apenas el inicio" de una larga serie.

El asunto incendió las redes sociales, con dos etiquetas: "#EuApoioLavaJato" y "#EuApoioTheInterceptBR" ("YoApoyoLavaJato" y "YoApoyoTheInterceptBR").

El concejal Carlos Bolsonaro, uno de los tres hijos del jefe de Estado dedicados a la política, se sumó a la batalla.

"¿Será una impresión mía, o solamente en Brasil cierta prensa usa una invasión ilegal de algo privado, ignorando la invalidación judicial y la ilegalidad, sin que le importe divulgar con el único fin de quemar al gobierno de Bolsonaro y de defender al sistema?".

Otras conversaciones muestran que el principal fiscal de la fuerza tarea de Lava Jato, Deltan Dallagnol, estaba preocupado por la solidez de las acusaciones presentadas contra Lula para condenarlo como beneficiario de un apartamento en el litoral paulista entregado por una constructora a cambio de contratos con la estatal Petrobras.

Lula, que purga por ese caso 8 años y 10 meses de cárcel, siempre se declaró inocente y denunció una "persecución judicial" para impedir que su fuerza política, el Partido de los Trabajadores (PT), vuelva al poder.