Tegucigalpa, Honduras.

Familiares de la asesinada ambientalista hondureña Berta Cáceres exigieron este martes al gobierno profundizar las investigaciones para dar con los autores intelectuales del crimen, entre los que señalaron a dirigentes de una empresa eléctrica.

"Exigimos que se continúen, profundicen y terminen las investigaciones que permitan establecer los responsables de planificar, coordinar y financiar" el asesinato, declararon en rueda de prensa.

También los familiares, entre los que están la madre y la hija de Cáceres, Austra Berta Flores y Olivia Zúniga, condenaron a las autoridades estatales que autorizaron la construcción de una hidroeléctrica en territorio indígena, a la que la ambientalista se opuso.

Las demandas de la familia se registraron tras cumplirse el 2 de marzo el tercer aniversario del asesinato.

El crimen fue cometido por pistoleros que entraron a la casa de la coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) en la comunidad occidental de La Esperanza.

Los familiares recordaron en un comunicado que ya fueron condenados siete de los ocho señalados como autores materiales del caso, mientras que solo uno de los posibles autores intelectuales ha sido acusado.

Reclamaron que ello "deja en la impunidad a quienes dieron origen a su muerte".

Asimismo, denunciaron que quedan en la impunidad autoridades del gobierno y alcaldías que violentaron normas internacionales que obligan a consultar a las comunidades originarias para desarrollar obras en sus territorios y que, según ellos, otorgaron licencias ambientales ilegalmente.

La Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH), un ente creado por la OEA, acusó a 16 funcionarios por realizar trámites administrativos, supuestamente irregulares, para la hidroeléctrica de la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).

Uno de los siete sentenciados por el crimen es el gerente ambiental de DESA, Sergio Rodríguez, y el único supuesto autor intelectual acusado es el presidente ejecutivo de esa compañía, David Castillo.

Cáceres tenía medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) porque había denunciado a ejecutivos de DESA de amenazarla de muerte por organizar manifestaciones indígenas contra la construcción de la hidroeléctrica en el rio Gualcarque, en territorio indígena.