Guadalajara, Jalisco.

Muerte. Despojo. Voracidad. Epidemias. Contaminación. El agua, que debería ser sinónimo de vida, en Jalisco está ligada a todo lo contrario.

Así se podría sintetizar lo que expusieron en el Congreso del Estado, representantes de diversos pueblos amenazados por megaproyectos, o dónde sus habitantes son los damnificados de una gestión hídrica al servicio de los grandes capitales

Esto, durante el Foro “El derecho al agua desde los pueblos” convocado por, la organización civil Tómala, el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario (IMDEC), y el equipo del diputado independiente Pablo Torres, para analizar diferentes aristas sobre esta problemática

“No solo la cuestión de consumo, la gestión de la habitabilidad, seguridad alimentaria, derecho a la vivienda, a la identidad y todo lo que está alrededor en esta cuestión de la integralidad de este problema del agua”, dijo.

María González Valencia, señaló que ha habido condiciones desiguales, pues sólo se escucha a funcionarios y empresarios.

“Pero en ningún momento se ha escuchado la voz de la gente, ya sea la afectada, la enferma por altos niveles de contaminación o en que está en riesgo de ser desaparecida su comunidad por megaproyectos, o por las diversas formas afectación a acuíferos y cuencas por industria inmobiliaria en la ciudad”.

En Temacapulín, han fallecido más de 40 personas en trece años de zozobra, desde que se amenazó con inundar al pueblo por la Presa El Zapotillo, relató don Alfonso Íñiguez, hombre de 79 años, y uno de los líderes de la defensa del pueblo.

“En una ocasión vinimos a hacer manifestación con puras cruces y ya eran como 40 personas muertas lo que han afectados, el estrés, preocupación, a donde vamos a parar. Todo eso ha ocasionado que la gente se enferme y se despida de este mundo”.

La cuenca de Cajititlan, sufre de un desastre ambiental. Don Elías Rodríguez Mejía, indígena de la localidad, reprocha que 100 millones hubieran bastado para rehabilitar once plantas pero prefirieron gastar 200 millones en remodelar el malecón.

“Actualmente la administración del agua para el caso de la laguna de Cajititlán la manejan dos intereses fuertes: el económico de unos cuantos y el interés político de unos cuantos. A ver si aquí nos escuchan”.

Otro caso expuesto, fue el de la crisis sanitaria en Agua Caliente, en Poncitlán, donde se calcula que al menos 8 mil personas sufren daños renales, entre ellos, un centenar de bebés.

Los diputados locales de la Comisión Especial para la Gestión Integral del Agua, señalaron que pedirán informes a las dependencias que han fallado en su actuar. E incluso, Salvador Caro señaló que estas conductas son materia para ser investigadas por el recién creado Sistema Estatal Anticorrupción.