Guadalajara, Jalisco.  

Con la aprobación en el Congreso de la iniciativa del gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, de liquidar el Instituto Jalisciense de las Mujeres se pierde una instancia de empoderamiento social y político de las mujeres, lamentó la coordinadora de la cátedra UNESCO de Género, Liderazgo y Equidad, Rosa Rojas Paredes.

“Lo que perdemos es tener, en la agenda pública, una instancia especializada en los temas de la mujer (…) Perdemos visibilización como sujeto social y político; perdemos en la defensa de nuestros derechos y en el combate a la violencia de género. Perdemos mucho”, señaló Rojas Paredes.

La profesora investigadora del CUCEA de la UdeG argumentó que la decisión de que los temas de las mujeres los lleve la Secretaría de Igualdad Sustantiva es un ‘error’: “estamos metidos en un saco en donde entran otros temas: personas con capacidades diferentes, indígenas, todo lo que se considera en ese concepto de vulnerable”.

Rojas Paredes también lamentó que la nueva Secretaría eliminará la autonomía de decisión que existía en el IJM:

“Como Organismo Público Descentralizado, el Instituto tenía patrimonio propio. Sí dependía de los recursos públicos del Estado, pero con autonomía para organizar sus programas y proyectos. Además, garantizaba la participación de la sociedad civil con consejos consultivos donde diversas organizaciones de la sociedad civil coadyuvan al fortalecimiento de las políticas públicas (…) Obviamente había limitaciones, pero se debería fortalecer, no invisibilizar”.

Respecto a la opinión de diferentes actores políticos de que el Instituto Jalisciense de las Mujeres no redujo la violencia de género y los feminicidios en la entidad, Rojas Paredes dijo:

“El feminicidio es un asunto que debe de atenderse de manera integral y transversal. No solamente es responsabilizar al Instituto, es trabajo de un conjunto de ámbitos de gobierno y de diferentes secretarías: Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Social. Atender el feminicidio es una política transversal que debe ser atendida por el conjunto de las áreas del Gobierno del Estado”.