Guadalajara, Jalisco.

Mientras las personas tienen derechos humanos que son intocables, las universidades cuentan con garantías institucionales que avalan sus libertades, y estas deben ser defendidas independientemente de los vaivenes políticos, consideró el Ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz.

El Doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, impartió la conferencia magistral "La autonomía universitaria como garantía institucional", en el marco de la cátedra "Dr. Manuel Rodríguez Lapuente", organizada por el Sindicato de Trabajadores Académicos de la UdeG (STAUdeG).

En su conferencia, Cossío Díaz diferenció que mientras las personas gozan de derechos humanos, los entes públicos tienen algo que se llama: garantías institucionales. Se trata de principios aceptados cultural e históricamente.

“Quiere decir que la sociedad ha valorado a través de sus representantes o procesos electorales, que el resto de autoridades se adecuen a ellos, no los violen, no los desconozcan, no los aplasten, para efectos de que todo el orden jurídico se estructure de la misma manera”.

Especificó que las universidades obviamente no tienen derechos humanos, porque no son personas, sino instituciones.

"Hay derechos humanos vinculados con la autonomía universitaria: los derechos humanos de los alumnos por atender las condiciones del artículo 3ro de la Constitución. Existen también derechos de los profesores y de los trabajadores administrativos. Se trata del ejercicio de los derechos a la educación, al trabajo al empleo. Pero no es la universidad, titular de un derecho humano".

En contraste las universidades gozan de garantías institucionales, que han sido blindadas en la constitución.

"¿Cuál es la idea entonces del constitucionalismo moderno? Quitémosle a los legisladores ordinarios, la posibilidad de hacer respecto a nuestras vidas por medio de los derechos humanos y adicionalmente mantengamos ciertos espacios acotados y vedados a la intervención legislativa y ahí es dónde están las garantías institucionales”.

Concluyó entonces, que ante algún acto de autoridad, una universidad obviamente no puede acudir al juicio de amparo, pero puede interponer una controversia constitucional para defenderse, siempre y cuando solicite a la Corte que se le reconozcan estas garantías institucionales, aunque admitió que esto requeriría de una argumentación jurídica algo compleja.