Docentes omisos
Fotografía: Fátima Aguilar
Guadalajara, Jalisco.

La investigación interna contra dos docentes, la supervisora de zona y la directora de la Escuela Primaria Marco Antonio Montes de Oca por las omisiones en el abuso sexual cometido en contra de tres niñas en 2019, no está concluido todavía ni hay sanciones definitivas. Pero, además, su actuación fue calificada como “falta no grave” por parte de la Contraloría Interna de la Secretaría de Educación Jalisco (SEJ).

A más de un año del caso, la titular del Órgano Interno de Control de la SEJ, Aymeé Yalitza De Loera, detalló en entrevista con Canal 44 que la denuncia la presentaron padres de familia en enero de 2020 por el abuso contra tres niñas, cometido por otras tres menores y un niño.

“Las madres manifiestan que los hechos sucedieron al inicio del ciclo escolar, que empieza en agosto de 2019, y después hay otra agresión en noviembre y otra en diciembre de 2019, otra en enero de 2020, que es cuando se recibe la denuncia”.

En el proceso, las madres pidieron incluir a otros ocho profesores, pero solo encontraron elementos para incluir a uno más y a la supervisora de zona. Se sigue la investigación contra cuatro personas, quienes actualmente están en labores administrativas en una área de supervisión.

“El protocolo habla de que tenemos que conservar sus derechos laborales, ¿cuáles? Todos: el sueldo, sus prestaciones, vacaciones, todas las prestaciones que puedan tener, las tenemos que mantener porque a lo mejor nosotros caemos en una irresponsabilidad y a lo mejor se van al amparo. Entonces, pueden utilizar un recurso legal en caso que vulneremos algún derecho laboral. Sí están trabajando porque ellos se tienen que presentar a la Jefatura de Sector, pero su trabajo es administrativo; ya no frente a grupo”.

Las madres de las víctimas se inconformaron con que la SEJ calificara como “falta no grave” el asunto y recurrieron al Tribunal de Justicia Administrativo (TJA). La dependencia espera la resolución en esa instancia para seguir con el proceso de responsabilidad administrativa y definir la sanción.

Y pese al tiempo ha transcurrido, la funcionaria negó tardanza en el proceso.

“Mientras no nos pasemos de los tres años que la ley me da para hacer una investigación, estamos en tiempo. Pudiera parecer que está muy desfasada, pero pues tenemos el escenario atípico de la pandemia y que, a veces entre las dependencias para proporcionarnos información, pues no es tan ágil el proceso”.

Justificó que, además, la escuela era provisional y al demolerse tardaron en encontrar la papelería que les brindó información para la investigación.

En casos donde se califica una falta como “no grave”, la inhabilitación para servidores públicos es de un año; en faltas graves, el periodo es de 10 años.

Fatima Aguilar