Ciudad de México, México.

Rafael Olvera Amezcua, principal accionista de la microfinanciera Ficrea, intervenida en 2014 por el Gobierno mexicano debido a un desfalco millonario, fue detenido en Estados Unidos, informó este miércoles a Efe Javier Navarro Velasco, síndico del concurso mercantil de la quebrada empresa.

Navarro Velasco indicó que Olvera se encuentra detenido en el estado de Texas, pero dijo desconocer si el motivo del arresto es la "ficha roja" emitida por la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) a petición de la Fiscalía mexicana, o si obedece a alguna orden de arresto que pudiera tener en Estados Unidos.

Ficrea, una sociedad financiera de ahorro popular, fue intervenida el 7 de noviembre de 2014 por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) después de que se detectaran irregularidades en sus reportes financieros.

El 19 de diciembre de ese año, el Gobierno anunció el cierre y liquidación de la empresa después de que se comprobaron numerosas irregularidades y operaciones fraudulentas que hacían inviable a la firma.

De acuerdo con el expediente, Ficrea realizaba transferencias ilegales de los recursos de los ahorradores hacia empresas que manejaban los fondos de manera "discrecional y arbitraria".

Según las autoridades, del total de fondos aportados por miles de ahorradores, 2 mil 700 millones de pesos  se usaron en transferencias al extranjero, compra de bienes muebles e inmuebles de uso no relacionado con las actividades de la sociedad, así como gastos personales de socios.

El 8 de enero de 2015, la Interpol emitió una "ficha roja" para localizar a Olvera Amezcua a solicitud de la Procuraduría General de la República, hoy Fiscalía General de la República (FGR), lo que implicaba que era buscado en 190 países.

Y el 5 de octubre de 2015 un tribunal federal mexicano declaró en estado de quiebra a la microfinanciera, en vista de que el monto de sus activos era muy inferior a monto de las deudas con sus acreedores.

Ahorradores afectados por las operaciones irregulares de la financiera han exigido al Gobierno la devolución íntegra de su dinero, argumentando que ellos entregaron sus ahorros a una institución autorizada y regulada por el Ejecutivo a través de la CNBV.