El delegado en Occidente de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) Oscar González Garí, asegura que el conflicto en la zona sagrada de wirikuta, en los límites de Jalisco y San Luis Potosí, evidencia un rezago en las políticas públicas transversales a nivel federal, lo que fomenta la presencia de las multinacionales en territorio mexicano. Estas empresas extractivas violan los derechos humanos de los habitantes de las comunidades indígenas y burlan los reglamentos estatales, a diferencia de lo que sucede en Estados Unidos, en donde se rigen bajo leyes estrictas y las sanciones económicas son millonarias.

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