Lisboa, Portugal.

Portugal ha solicitado una extensión de los efectos de la orden de detención europea contra Rui Pinto, el 'hacker' que está en el origen de "Fútbol Leaks", lo que permitiría ampliar la investigación, informó este miércoles el ministerio público portugués.

La justicia "ya ha solicitado la ampliación de la orden de detención europea" contra Rui Pinto, afirmó un portavoz de la fiscalía a la AFP.

El pirata informático está en prisión preventiva desde hace cuatro meses en Portugal, tras haber sido extraditado desde Hungría.

La ampliación de los efectos de la orden de arresto permitiría a la justicia portuguesa investigar a Rui Pinto por otras infracciones distintas de las que dieron pie a su extradición.

Rui Pinto era sospechoso inicialmente de haber accedido a los sistemas informáticos del Sporting de Portugal y del fondo de inversiones Doyen Sports y después de haber exigido a Doyen el pago de entre 500 mil y un millón de euros para dejar de publicar esos documentos.

Pero, según los medios portugueses, los investigadores también sospechan que pudo acceder a cuentas de mensajería electrónica del ministerio público, del ministerio del Interior portugués, de la FIFA, de la policía o también de bufetes de abogados.

Los abogados de Rui Pinto presentan a su cliente como "el que dio una señal de alarma en Europa" que permitió a las fiscalías de varios países, entre ellos Francia y Bélgica, abrir investigaciones sobres presuntas malversaciones en el fútbol.

El martes, las antiguas diputadas europeas Eva Joly y Ana Gomes, así como la fundación The Signals Network que busca facilitar los intercambios entre los medios y estas personas que alertan de presuntas irregularidades, ofreciendo protección a estos últimos, reclamaron en Lisboa la puesta en libertad de Rui Pinto para favorecer su cooperación con la justicia de otros países.

"¿Por qué una persona que permitió alertar sobre crímenes importantes está en prisión y no los criminales?", se indignó Eva Joly ante la prensa, tras haberse entrevista con la ministra portuguesa de Justicia, Francisca Van Dunem.