Ciudad de México, México.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de México presentó en tribunales, ante la "inacción" de la fiscalía, escritos "amicus curiae" (amigo de la corte) para que se haga justicia en el caso del hombre detenido erróneamente por la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 2014.

En un comunicado, el organismo denunció hoy el "silencio" en el que se ha sumido la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) en vez de atender el asunto, y lo tildó de "incomprensible".

El pasado martes, la CNDH reveló que a uno de los detenidos por la desaparición de los 43 jóvenes, Erick Uriel Sandoval, se le atribuyó "de manera equívoca" la identidad de otra persona, a quien se identifica con los sobrenombres de "la Rana" o "el Güereque".

La Comisión solicitó entonces la implementación de medidas cautelares para la salvaguarda del detenido y para otras 17 personas más, entre las que se encuentran familiares de Sandoval y testigos. No obstante, estas no han sido concedidas, indicó CNDH.

El "amicus curiae" es una figura que permite a actores ajenos a un juicio o proceso ofrecer razonamientos jurídicos y consideraciones vinculadas con los hechos de un caso.

En este caso, los escritos han sido presentados ante dos tribunales con residencia en Matamoros, en Tamaulipas, los cuales llevan el caso de Sandoval.

"Esta Comisión Nacional expresa su convicción en que las autoridades judiciales valorarán los elementos que les fueron aportados y emitirán una resolución en favor de la justicia", indicó el organismo.

Asimismo, señaló que dará vista del caso ante la Secretaría de la Función Pública y la Visitaduría General de la PGR (órgano de control interno de la fiscalía) "para los efectos a que haya lugar".

"La Rana" es, supuestamente, uno de los integrantes del grupo criminal Guerreros Unidos, vinculado con la desaparición de los 43 jóvenes en Guerrero.

Según la versión oficial, rechazada por familiares y expertos internacionales que investigaron el caso, los 43 estudiantes fueron detenidos en Iguala la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías corruptos, que los entregaron a miembros de Guerreros Unidos, quienes los mataron e incineraron los cuerpos en un vertedero de basura.