Barcelona, España.

El presidente regional de Cataluña, Carles Puigdemont, anunció este viernes la salida de tres miembros de su ejecutivo, claves en la organización del referéndum de autodeterminación previsto para el 1 de octubre y declarado ilegal por la justicia española.

El largo conflicto político se agudiza entre los dirigentes independentistas de esta región mediterránea con 7,5 millones de habitantes y el gobierno conservador español de Mariano Rajoy, a menos de ochenta días para una controvertida votación que también genera tensiones internas en Barcelona, la capital regional.

En una rueda de prensa convocada de urgencia, Puigdemont informó que la portavoz del gobierno y consejera de la presidencia, Neus Munté, el consejero de Interior, Jordi Jané, y la consejera de Educación, Meritxell Ruiz, "han decidido dar un paso al lado".

A estas bajas hay que sumarle la destitución a principios de mes del consejero de Empresa, Jordi Baiget, que había dudado de la celebración del referéndum y reconoció tener miedo ante las repercusiones personales y familiares.

"Hoy se purga a los dudosos, triunfando el radicalismo. ¿Qué diálogo quieren con esta forma de comportarse?", criticó este viernes Mariano Rajoy.

Su gobierno está dispuesto a impedir esta votación a toda costa. En los últimos meses se multiplica la presión judicial, con interrogatorios a funcionarios y empresas que colaboran con el gobierno y repetidas advertencias, e incluso algunas imputaciones a dirigentes independentistas.

Los tres renunciantes estaban en la primera línea de fuego de los preparativos del referéndum: Munté en tareas de coordinación del ejecutivo, Jané preparando el dispositivo policial para permitir la jornada electoral, y Ruiz como responsable de las escuelas que acogerán parte de los circuitos de votación.

Los sustituirán, respectivamente, Jordi Turull, presidente del grupo parlamentario de Junts pel Sí y hombre fiel al partido, Joaquim Forn, el número dos del partido de Puigdemont en el ayuntamiento de Barcelona, y Clara Ponsatí, una economista independiente próxima al mundo separatista.

Todas las dimisiones corresponden al partido nacionalista conservador de Puigdemont, el PDECAT, mientras que se mantienen todos los miembros del partido ERC (Esquerra Republicana de Catalunya) de Junqueras, de izquierda y más radicales en sus postulados independentistas.

- Vértigo -

Después de años de aumento de la tensión entre Barcelona y Madrid, que rechaza la celebración de un referéndum reclamado mayoritariamente por la ciudadanía catalana, Puigdemont pretende llevar este conflicto hasta las últimas consecuencias.

Con mayoría independentista en el Parlamento regional desde 2015, promete celebrar esta votación y aplicar el resultado.

Si gana el "sí", aseguran, declararán en menos de 48 horas la creación de una república en esta región, que representa una quinta parte del Producto Interior Bruto (PIB) español.

No establecen una participación mínima para considerar válido el resultado, algo relevante dado el previsible boicot de los opuestos a la secesión, que según el último sondeo gubernamental representan un 48,5% de los catalanes contra un 44,3% de independentistas.

Este mismo sondeo apuntaba a que más del 70% de los catalanes apuestan por un referéndum para solucionar este conflicto.

Esta apuesta unilateral y sus consecuencias generaban vértigo en algunos sectores del independentismo, apuntaba la prensa en estos últimos días.

En el ambiente flota el ejemplo del expresidente regional Artur Mas y tres de sus colaboradores, a quienes el Tribunal de Cuentas puede reclamar los cinco millones de euros que costó la consulta simbólica sobre la independencia celebrada en 2014, pese a una suspensión judicial y por la que fueron condenados por desobediencia.

"Podría aguantar ir a prisión, pero no si van en contra del patrimonio, pensemos en la familia", dijo el destituido Baiget en la entrevista que provocó su cese en el cargo.

Con esta remodelación, Puigdemont espera unir filas y agilizar la acción del gobierno.

A menos de ochenta días de la fecha clave, las tareas se acumulan: todavía no disponen de urnas, la ley para regular la votación no ha sido aprobada, tampoco cuentan con una junta electoral, y se desconoce cuál será el censo de la consulta.

En su comparecencia, el presidente regional anunció la centralización de estas tareas en el vicepresidente Oriol Junqueras, quien consiguió imponer que las decisiones relativas al referéndum se tomaran "de manera colegiada" por todo el ejecutivo, ante sus dudas por el compromiso de algunos compañeros.