Ciudad de Guatemala, Guatemala.

La Corte Suprema de Justicia de Guatemala (CSJ) dio trámite este miércoles a las solicitudes para levantar los fueros a un ministro y siete diputados, señalados en una trama de corrupción en el Congreso en 2014, según una resolución.

El pleno de la Corte aceptó tramitar el requerimiento penal contra el ministro de Economía, Acisclo Valladares, y los diputados del partido gobernante, entre ellos Estuardo Galdámez, el candidato presidencial en la elección del pasado 16 de junio. Galdámez fue el gran perdedor en los comicios y regresó al Parlamento como congresista.

El pasado 6 de mayo, la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI) y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), un ente avalado por la ONU, pidieron levantar la inmunidad para investigarlos por varios casos de corrupción, presuntamente coordinado por la exvicepresidenta Roxana Baldetti (2012-2015), presa por haber cometido fraudes.

Entre las acusaciones está la supuesta "compra de votos" de diputados para favorecer a la empresa de telecomunicaciones Tigo, una de las principales en el país, así como en la elección de los magistrados de la CSJ, magistrados de Salas de Apelaciones y elección del Contralor General de Cuentas.

Valladares era entonces un alto directivo de Tigo y se le acusa de hacer las entregas del dinero en efectivo y en maletas en la vicepresidencia, presuntamente unos 6,400 dólares bimensuales para diputados del desaparecido partido oficial, el Partido Patriota.

La fiscalía y la Cicig presentaron como pruebas conversaciones entre Baldetti y congresistas, e incluso una fotografía extraída de documentos de una asistente de Baldetti donde se ve una maleta con fajos de dinero en efectivo.

El caso de los diputados será tratado por jueces de instrucción, mientras que el expediente del ministro será remitido al Congreso para que conformen una comisión pesquisidora.

En ambos casos, las entidades deberán emitir un informe donde recomiendan retirar o no los fueros a los funcionarios.

La exvicepresidenta, la primera mujer en ocupar ese cargo en Guatemala, renunció al cargo nueve meses antes del final de su mandato y está en prisión, al igual que el expresidente Otto Pérez (2012-2015), acusados de dirigir una estructura de evasión fiscal aduanera.

Baldetti ya fue condenada por el desvío de unos 2.5 millones de dólares de los 18 millones destinados a la compra de una fórmula química para descontaminar el Lago de Amatitlán, a 20 km al sur de la capital, mientras que Pérez espera la fecha de inicio de su juicio.