Guadalajara, Jalisco.

Quienes aspiran a formar parte del Tribunal de Justicia Administrativa deben de someterse a un examen de oposición y abstenerse de demandar o ampararse en caso que no queden electos, pues eso demostrará sí realmente tienen compromiso con el Sistema Estatal Anticorrupción del que formarían parte, consideró la diputada Mónica Almeida.

La legisladora del PRD y otros diputados promueven que para elegir el mejor perfil para la vacante de magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa, se realice un examen de oposición.  Sin embargo, las bancadas de Movimiento Ciudadano y el PRI se oponen a ello, con el pretexto de que eso provocaría impugnaciones de alguno de los 72 aspirantes.

Mónica Almeida señaló que quienes aspiren deben mostrar su compromiso con el combate a la corrupción, absteniéndose de judicializar y entorpecer los procesos.

"Queriendo ser parte del Sistema Estatal anticorrupción en función como magistrado, que tiene la impartición de la Justicia del Estado del derecho como una de las funciones más importantes en el estado, pues que ellos mismos como aspirantes suscriban las recomendaciones de la OEA, de la ONU, del comité coordinador nacional y Estatal anticorrupción y digan: me someto a un concurso de oposición", comentó Almeida.

La coordinadora del PRD, consideró que si un aspirante no está dispuesto a someterse a este sano ejercicio, entonces la sociedad será la primera en desconfiar de ese aspirante.

"Si quienes están aspirando no quieren de manera personal y voluntaria admitir a suscribirse a las recomendaciones internacionales y nacionales para combatir la corrupción, desde ahí nos darán el aumento a la sociedad de qué son incongruencias ampararse por algún interés particular de ser magistrado, dentro de su derecho hacerlo, contra la tesis más importante del país que es combatir la corrupción. Ellos, los aspirantes, deben de ser los primeros en usar el derecho pero muy en particular sino para el bien mayor", finalizó Mónica Almeida.

Los diputados no han podido ponerse de acuerdo en los últimos ocho meses para definir al magistrado que sigue vacante en la sala superior del  Tribunal de Justicia Administrativa. Por ello el Comité de Participación Social del Sistema Estatal Anticorrupción pide un mecanismo que garantice que el puesto no quede vacío otra vez.

Almeida López está de acuerdo en escuchar las recomendaciones basadas en mejores prácticas internacionales, pero los partidos mayoritarios, están empeñados en no escuchar el reclamo ciudadano.