Brasilia, Brasil.

El Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil inició este miércoles los primeros juicios contra simpatizantes del expresidente Jair Bolsonaro acusados de estar involucrados en la invasión y destrucción de las sedes de los tres poderes públicos en Brasilia el 8 de enero.

• Cuatro hombres, de entre 24 y 52 años, son los primeros en pasar por el banquillo de la corte en Brasilia.

El 8 de enero, una semana después de la investidura del izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva, miles de bolsonaristas invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y el STF disconformes con la derrota ajustada del ultraderechista en las presidenciales de octubre.

"Hoy se inicia un momento clave en la historia brasileña", afirmó el fiscal Carlos Frederico Santos, subprocurador general de la República, que presentó los cargos contra el primer acusado.

"Ya hemos pasado página a los golpes de Estado en nuestra historia, y todos aquellos que se afilian a esa idea espuria de conquistar el poder mediante la violencia y fuera de las normas constitucionales, han de responder por sus delitos", afirmó Santos.

La fiscalía presentó "232 denuncias por los delitos más graves, de las cuales cuatro empezaremos a juzgar hoy", resumió el juez relator del caso, Alexandre de Moraes, al inicio de la sesión.

Los cuatro imputados -tres de ellos presos y uno en libertad- está acusados de asociación criminal armada, abolición violenta del Estado democrático de derecho, golpe de Estado y daño calificado, entre los principales cargos pedidos por la Procuraduría General de la República (PGR).

Los procesos de los acusados, que se enfrenta a hasta 30 años de prisión, son individuales.

Imputado se filmó durante invasión 

Al presentar los cargos contra el primer imputado, el fiscal Santos citó entre las pruebas un video grabado por este durante la invasión, dirigido a sus amigos, en el que se mostraba "en la mesa principal del Senado Federal vistiendo una camiseta con la inscripción 'Intervención militar federal'".

Su adhesión "a la intención golpista de la horda antidemocrática es irrefutable", dijo el fiscal en alusión al acusado, Aécio Pereira, un exempleado de 51 años de la empresa de saneamiento del estado de Sao Paulo, según la prensa local.

Sus abogados sostuvieron ante los jueces que el imputado no estaba armado durante la asonada y que, a diferencia de otros manifestantes, no cometió "ningún acto violento".

El acusado es víctima de un "juicio político", afirmó uno de sus defensores, Sebastiao Coelho da Silva.

Además de las 232 denuncias ya presentadas por los delitos más graves, la PGR analiza más de mil casos por la asonada que, en caso de llegar a acuerdos, no tendrían "persecución penal" a cambio de multas y contribuciones sociales.

Bolsonaro, declarado recientemente inelegible por ocho años por haber desinformado sobre el sistema electoral, es investigado por su presunto papel como instigador de la asonada.

El expresidente, quien se encontraba en Estados Unidos en el momento de los ataques, ha negado cualquier responsabilidad.

"Existe una obsesión de algunos en involucrarme", dijo el expresidente al diario Folha de S. Paulo el lunes.

La asonada "fue un movimiento que, como mínimo, contó con la omisión del gobierno actual", agregó el exmandatario, en referencia a la gestión de Lula.

Previamente al 8 de enero, miles de sus simpatizantes convencidos de que el ultraderechista había sido víctima de fraude electoral promovieron cortes de carreteras y manifestaciones frente a cuarteles militares, pidiendo una intervención militar.