Brasilia, Brasil.

El Comité Olímpico de Brasil (COB) celebró el fin de la suspensión que le había aplicado el Comité Olímpico Internacional (COI), tras un escándalo de corrupción que llevó a la detención de su ex presidente Carlos Nuzman.

"Estamos muy felices con la decisión del COI. Es un reconocimiento al trabajo y al esfuerzo que el COB viene haciendo a lo largo de los últimos tres meses, con una agenda de austeridad, meritocracia y transparencia", dijo Paulo Wanderley, presidente del COB, al sitio oficial del organismo brasileño.

"El COB es hoy un ejemplo de buena gestión para las entidades deportivas de todo el mundo", añadió el sábado por la noche en Nueva York, durante una escala del viaje que lo llevó a la sede de los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang, Corea del Sur.

Pocas horas antes, el COI había levantado la sanción que regía desde octubre del 2017, reconociendo la cooperación de la filial brasileña y autorizándola a que ejerza de nuevo sus derechos "como miembro durante las reuniones de los comités olímpicos nacionales".

En una entrevista este domingo con el portal Globoesporte, Wanderley dijo que la medida era una caricia al "ego de la propia entidad" y "un alivio" para la comunidad olímpica de Brasil, sede de los Juegos de Rio-2016.

La decisión también tiene efectos financieros, ya que liberará unos 5 millones de dólares que estaban bloqueados por el COI, correspondientes al saldo pendiente del 2017 y al presupuesto de todo el 2018.

El COI dio por cerrado el caso después de que un auditor independiente confirmara que las cuentas del comité brasileño estaban correctamente verificadas y lo desligó de las acusaciones contra su ex titular.

Nuzman, que también presidió el comité de organización de Rio-2016, fue acusado de delitos de "corrupción, blanqueo de dinero y participación en una organización criminal" y es sospechoso de haber comprado votos para obtener la edición olímpica brasileña.

El ex jugador de voleibol de 75 años fue liberado el 19 de octubre del año pasado, dos semanas después de su detención, cuando un tribunal superior aceptó una medida cautelar contra la privación de su libertad