El certificado sanitario francés sigue su camino en el Senado pese a protestas
Fotografía: EFE/EPA




París, Francia.

Decenas de miles de personas volvieron este sábado a las calles de Francia para protestar contra la ampliación del certificado sanitario, que pronto será obligatorio para acceder a buena parte de los lugares públicos, mientras el Senado debate el respectivo proyecto de ley, que ha tenido ya algunas modificaciones.

El tránsito del texto por las cámaras está siendo largo y tras dos días de discusiones y votaciones en la Asamblea Nacional se encuentra ahora en el Senado, de mayoría conservadora, donde los debates prometen también prolongarse.

Las primeras modificaciones se introdujeron antes incluso de que se iniciara el debate, pues la comisión de Leyes y Asuntos Sociales de la Cámara alta retiró dos cláusulas importantes antes de que comenzara el pleno.

No será por tanto necesario presentar un certificado sanitario -bien de vacunación, de haber pasado la enfermedad en los últimos seis meses o un test negativo de las 48 horas anteriores- para acceder a centros comerciales ni para hacer una visita a hospitales.

Sí que se mantienen las grandes líneas del texto: será necesario contar con él para poder entrar en cafés, restaurantes y transportes públicos de larga distancia a partir de principios de agosto, y a partir del 15 de septiembre la vacunación será obligatoria para el personal sanitario.

Pero los senadores han aligerado las sanciones en el caso del personal de sanidad: no habrá despido si al cabo de dos meses el profesional mantiene su negativa, como preveía el texto inicial.

En cambio, las multas serán más duras para los empresarios que no controlen el certificado de sus clientes, que podrían recibir una orden de cierre administrativo temporal, en lugar de una multa, y en caso de reincidir en tres ocasiones podrían ser multados con 9 mil euros y hasta un año de prisión.

Los controles sólo podrán ser ejecutados por las fuerzas de orden y no por agentes de seguridad privados. Habrá multas también para los que muestren un certificado falso, de hasta 3 mil 750 euros.

Sin embargo la introducción más importante de los senadores es la necesidad de que el certificado sanitario funcione únicamente cuando el país haya decretado el estado de emergencia sanitario, por lo que votaron que vuelva a ser aplicado ahora hasta el 31 de octubre de 2021.