La Paz, Bolivia. 

El gobierno interino de Bolivia derogó este jueves los artículos de tres decretos que restringían la libertad de expresión, tras recibir fuertes críticas de organismos internacionales de derechos humanos y de la prensa local, informó un ministro.

Las autoridades habían decretado hace unos días sancionar con hasta 10 años de prisión la desinformación sobre el coronavirus.

"A solicitud de organizaciones de DDHH y medios de comunicación, hemos derogado los artículos de decretos que creaba susceptibilidad sobre libertad de prensa", escribió en Twitter el ministro de Gobierno (Interior), Arturo Murillo.

La decisión del gobierno boliviano fue tomada en una reunión del equipo de ministros de la presidenta transitoria de derecha Jeanine Áñez, tras un reciente pedido de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos para que la norma fuese modificada porque resultaba "excesiva".

El decreto 4231 que el fin de semana endureció las medidas para limitar la libre expresión provocó que los sindicatos de la prensa de Bolivia exigieran su derogación y el anuncio de un "estado de emergencia" entre sus afiliados.

Un artículo del decreto 4231 anunciaba castigos penales contra quienes difundieran "información de cualquier índole, sea en forma escrita, impresa, artística y/o por cualquier otro procedimiento que ponga en riesgo o afecte a la salud pública, generando incertidumbre en la población" sobre las políticas contra el coronavirus.

Dicho decreto reforzaba las medidas previstas anteriormente en los decretos 4200 y 4199.

"Respetamos y defendemos la libertad, así como defendemos y respetamos la democracia", dijo Murillo en Twitter tras la derogación de la norma.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) también había pedido derogarla al señalar que no cumplía "con el principio de legalidad" y no se ajustaba "al interés imperioso de proteger la salud".

Igualmente fue criticada por el director ejecutivo para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, quien la consideró un "grave retroceso en libertad de expresión en Bolivia con el pretexto de combatir el covid-19".