seguridad Barcelona
Fotografía: Irving García
Barcelona, España.

Un aumento de homicidios y peleas, la proliferación de carteristas en el metro y las zonas más concurridas y de viviendas dedicadas a la venta de drogas han provocado una “crisis de seguridad” en Barcelona, según reconocen las propias autoridades locales de una las ciudades españolas más turísticas.

Una crónica negra de siete homicidios entre (cinco muertes) y la primera mitad de agosto (dos) y una sucesión de reyertas con apuñalamientos graves han alentado el debate -y también las discrepancias políticas- sobre la seguridad y la falta de efectivos policiales en la capital regional de Cataluña.

El número de asesinatos de todo 2018 (trece) ya supera al de todo 2018 (10), según datos recabados por Efe.

El 28 de julio, una persona murió y otra fue herida leve durante una pelea en la conocida zona de ocio nocturno del Puerto Olímpico, lo que disparó todas las alarmas de seguridad en Barcelona.

Un mes antes, el 27 de junio, una alta funcionaria del Gobierno de Corea del Sur murió en el hospital después de resultar herida grave cuando un motorista intentó arrebatarle el bolso de un tirón cerca de un centro comercial y de ocio.

Asociaciones de hoteles, de agencias de viajes y de restaurantes, entre otras, habían exigido a primeros de julio “acabar urgentemente y sin dilación” con la “gravísima” situación de inseguridad debido a robos y agresiones, además de denunciar la competencia desleal de los vendedores ambulantes de productos pirateados.

“Estamos cansados de tantos robos, hurtos, agresiones, violaciones y muertos, y queremos luchar para cambiar las cosas”, dijo a Efe Tito Álvarez, líder de la principal organización de taxistas de Barcelona, e impulsor de la plataforma ciudadana “Salvalona”, un “movimiento de presión” para que los políticos tomen medidas urgentemente.

En el proyecto está implicada la “Patrulla ciudadana”, un grupo vecinal que desde hace varios años recorre el metro de Barcelona para alertar con silbatos de la presencia de carteristas, algunos con un largo historial delictivo, pero que actúan impunemente porque las cantidades sustraídas no se consideran delito de robo, sino hurtos.

El periódico catalán La Vanguardia informaba el 21 de julio de “los sucesivos encontronazos entre carteristas, pasajeros y agentes de seguridad” en el metro, donde hay “mil denuncias a la semana por robo”, mientras las redes sociales hierven de vídeos sobre estos hechos.

En mayo pasado, fueron detenidos 24 sospechosos de robar relojes de lujo a turistas, a veces con violencia, en los barrios más céntricos.

Tan solo esta semana se han producido tres agresiones con arma blanca y otra con una botella de vidrio en la capital catalana en los barrios de la Ribera, la Barceloneta, el Raval y Sant Martí, con el resultado de tres heridos graves y una persona que sufrió lesiones leves.

En el barrio deprimido del Raval, precisamente, más de mil agentes entre Mossos d’Esquadra (policía regional de Cataluña), la Policía Nacional y la Guardia Urbana de Barcelona detuvieron el 20 de junio a 50 vendedores ambulantes de bebidas que se dedicaban a la venta de drogas de varios tipos. Trece fueron enviados a prisión provisional.

Desde 2017 hasta esa fecha, las fuerzas de seguridad habían desmantelado 182 “narcopisos” en Barcelona y detenido a 245 personas.

Y este mismo miércoles, hubo cinco detenidos en una operación en la que se desmantelaron cuatro ‘narcopisos’ en el barrio de Sant Antoni de L’Eixample y en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona.

En los últimos tiempos, la presencia policial se ha reforzado en algunos barrios y en zonas de ocio nocturno para incrementar la seguridad y, también, para impedir la instalación ilegal de vendedores ambulantes conocidos como “manteros” en lugares como el barrio marítimo de la Barceloneta, lo que ha provocado las protestas de los afectados, inmigrantes subsaharianos esencialmente.

Y todo ello en el contexto de un aumento acelerado de las viviendas turísticas en el centro de la ciudad, con molestias crecientes para los vecinos de toda la vida y un encarecimiento de los alquileres que es inasumible para muchos.

El consejero catalán de Interior, Miquel Buch, reconoció que faltan policías en Barcelona, si bien la alcaldesa, Ada Colau, considera que la llegada de unos 300 nuevos agentes de Mossos próximamente “no es suficiente”.

El responsable municipal de Seguridad del Ayuntamiento, Albert Batlle, admitió que existe una “crisis de seguridad” en Barcelona, donde han aumentado un 9% los hechos delictivos, aunque los delitos contra personas han disminuido un 1’27% en el último semestre.

“Barcelona sigue siendo una ciudad segura en comparación con otras como París, Londres o Roma”, alegó Batlle a pesar de todo.