Guadalajara, Jalisco. 

El recorte de 75 % en los capítulos 2000 y 3000 del presupuesto de egresos de la federación, ya ocasiona graves problemas a la justicia agraria, pero existe el riesgo de pérdida de autonomía de los tribunales unitarios, pues prácticamente se deja en manos de la beneficencia de gobernadores y presidentes municipales la posibilidad de que estos signa funcionado, lo que pervierte la justicia, dado que esas instancias de gobierno tienen intereses contra muchos núcleos campesinos, advirtió el presidente del Observatorio Agrario Nacional, Nayar Paredes Nieto.

El abogado enfatizó que el resultado no podrá ser bueno, porque de por sí, el sector de la justicia agraria arrastra décadas de abandono que en el contexto de la contingencia por el COVID 19, significa incluso graves riesgos sanitarios a los campesinos y a los empleados, pues ni siquiera se tienen recursos para que las audiencias se puedan desahogar en condiciones higiénicas.

“Se pretenda precarizar a la justicia de los campesinos, ya que no es una justicia menor; la justicia agraria comprende 102 millones de hectáreas de nuestro país, es decir, el 51.4% del territorio nacional es jurisdicción de los tribunales agrarios; además, los tribunales agrarios deben prestar servicios para termas tan diversos como urbanización, regularización de terrenos, regularización de asentamientos humanos, reforma energética, es decir, por dónde van a pasar gasoductos, poliductos, instalaciones eléctricas, pero también es relevante para la discusión de los temas como son infraestructura, como pueden ser Dos Bocas, como puede ser el tren transístmico”.

El Tribunal Superior Agrario ha sugerido a los tribunales unitarios agrarios que acudan a los gobiernos locales para subsanar el hecho de que no tendrán dinero ni para pagar la renta de los inmuebles desde los que despachan. Es como invitar al lobo a que cuide el rebaño. 

“La mayor parte de los gobiernos estatales y municipales, de alguna u otra forma son parte dentro de los expedientes que se tramitan en los tribunales agrarios; ya sea como parte actora o como parte demandada, forman parte y tienen intereses. El hecho de que por un acuerdo del Tribunal Superior Agrario, le digan a los magistrados que soliciten el apoyo a los gobernadores o a los presidentes municipales, transgrede el principio de autonomía, por qué, porque ahora resulta que los tribunales agrarios van a depender de la beneficencia, de la buena voluntad de un gobernador, de un presidente municipal, quienes irremisiblemente se pondrán en conflicto de intereses en un asunto, en una sentencia, en un trato; eso transgrede, violenta,  el principio de autonomía de jurisdicción”.

Es urgente caminar hacia un presupuesto constitucional de la justicia agraria, para no someterla a los vaivenes de gasto que enfrenta el ejecutivo. El gasto aprobado para 2020 es de mil 80 millones de pesos, pero la merma lo reducirá en todas las áreas, salvo en los salarios.

Hay también un histórico recorte de personal que ya daña el trabajo, por ejemplo, no hay topógrafos oficiales y eso deja en manos de las contrapartes aportar pruebas que son fundamentales en los juicios. Muchas ejecuciones deben ser suspendidas por falta de vehículos y gasolina. Los juicios, que deberían promediar ocho meses de duración, en promedio demoran tres años, aunque hay casos que se han prolongado por lustros o décadas, como los juicios agrarios de la comunidad wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlán, en la Sierra Huichola. Tampoco tienen recursos para conciliación instancias como el Cosomer (Conflictos Sociales en el Medio Rural), que a juicio del dirigente de los litigantes, se convirtió en “cueva de ladrones” durante el gobierno de Enrique Peña Nieto.

“El concepto de autonomía de jurisdicción, implicaría que el estado debería proporcionar un presupuesto suficiente para que los tribunales agrarias pudieran actuar con perfecta autonomía, con perfecta solvencia ante sus justiciados, los campesinos; el hecho de que se haya reducido el presupuesto de los campesinos, de la justicia de los campesinos, implica lo que ordenó el TLA, oye, ve a decirle al gobernador que te preste un espacio; pero muy probablemente el gobernador está peleando una carretera, está peleando un aeropuerto, está discutiéndose la situación de una indemnización de un asentamiento humano, la regularización de tierras, la incorporación de algún bien que forma parte de un ejido, y que ahora el gobernador va a decir: bueno sí, pero necesito una sentencia en tal sentido, mira que la infraestructura, mira que el presupuesto, mira que la indemnización va a salir muy cara; es decir, es un sometimiento”.

Los abogados agrarios agrupados en la organización, entregarán esta semana una carta al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, en que le piden que se revise el decreto de austeridad ante los graves riesgos que significan para millones de campesinos del país.