protestas Tabasco
Fotografía: René Alberto López - La Jornada
Ciudad de México, México.

La organización Amnistía Internacional (AI) consideró este lunes que la libertad de expresión y los derechos humanos se “ponen en riesgo” con la ley aprobada este fin de semana en Tabasco, la cual castiga con prisión a quienes se manifiesten en las calles.

La entidad expuso en un comunicado que la llamada “ley garrote” afecta a “la libertad de expresión y de reunión en el país” y que podría “ser un paso previo a la criminalización de la defensa de los derechos humanos”.

La propuesta, aprobada en el Congreso estatal, castigará con entre 10 y 20 años de cárcel a quienes se manifiesten con marchas o bloqueos en las carreteras o impidan la realización de obras públicas.

Esto, a ojos de la organización, es “una reforma que criminalizaría las manifestaciones públicas”.

“La iniciativa legislativa propuesta en Tabasco permitiría al Gobierno y a la iniciativa privada imponer megaproyectos que, de afectar a los pobladores, los dejarían sin voz para oponerse a ellos”, destacó en el boletín Erika Guevara, directora para las Américas de AI.

Agregó que “esto es una clara violación a la libertad de expresión en México”, dado que “además, se criminalizaría a las personas que quisieran ejercer su derecho a la asamblea pacífica”.

AI consideró que este tipo de ley ha sido usado en México para inhibir indebidamente las manifestaciones y para criminalizar a personas defensoras de los derechos humanos.

Y arguyó que, desde 2016, el Gobierno federal ha usado ese tipo de disposiciones para criminalizar a manifestantes pacíficos que se opusieron a una obra de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en Cuetzalan, Puebla.

Actualmente, la CFE está usando dicha acusación penal para intentar forzar a la comunidad a aceptar la obra pública.

Por otro lado, AI apuntó que el pasado viernes 26 de julio estudiantes y otras personas que se manifestaron en contra un anunciado aumento al costo del transporte público reportaron la intervención excesiva de las autoridades.

En dicho reporte se aludía al abuso de la fuerza por parte de agentes de policía.

“Varios manifestantes fueron golpeados en circunstancias en las que no parecían representar un riesgo para ninguna persona y la reunión fue dispersada sin una clara justificación”, denunció AI.

“Estas acciones muestran la fragilidad del ejercicio de los derechos humanos en México y la falta de voluntad política de los gobiernos para garantizar que las personas puedan expresarse con libertad en contra de proyectos o políticas impulsadas por las autoridades”, dijo por su parte Tania Reneaum, directora ejecutiva de AI en México.