Zapotlán el Grande, Jalisco.

El negocio de los aguacates, que supera en 20 a uno al tradicional cultivo de maíz en ganancias, es explicación básica de la destrucción de los bosques del Sur de Jalisco, pero no sería posible sin la tremenda crisis del estado de derecho, en un México dominado en muchas zonas rurales por mafias locales, regionales o internacionales, donde numerosos particulares, por su cuenta, cometen delitos y se los quieran cargar a la cuenta de “la plaza”.

Ese acusado deterioro es el río revuelto en que, organizados o desorganizados, muchos aguacateros pretenden sacar adelante sus sueños de negocio en el corto plazo.

Inseguridad, ineficacia de las actividades de inspección y vigilancia, secuestro de inspectores, son cosas cotidianas para la labor institucional, porque la prioridad es atender los llamados “delitos de alto impacto”, como homicidios y desapariciones.

La conservación de la naturaleza y sus servicios ambientales, vitales para el desarrollo, necesita apoyo social y recursos económicos, advirtió el abogado ambientalista de la Fundación Selva Negra, Javier Medina Preciado.

Subraya que en el fondo, no se puede negar el fracaso en dar valor a los bosques para incentivar su conservación. Por eso caen arboledas naturales para dar paso a cultivos del llamado “oro verde”.