Guadalajara, Jalisco.

Solo entre 80 y 100 espacios disponibles es lo que reporta el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) en voz de su nuevo director Gustavo Quezada, a propósito de que tanto la Fiscalía del Estado como el servicio forense aceptaran la Recomendación 10/2019 que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) presentó exhibiendo cómo ha sido sistémica la negligencia de no identificar cuerpos bajo protocolos adecuados.

Según Macedonio Tamez, coordinador general de Seguridad del Gobierno del Estado, argumenta que lo que generó la crisis forense de septiembre de 2018, cuya alternativa aprobó la fiscalía y el propio instituto de almacenar sin medidas de seguridad y contra disposiciones internacionales, cuerpos en tráilers frigoríficos “ya no está pasando” porque privilegian justicia por espacio, pero las cuentas ofrecidas a la prensa son difíciles de cuadrar.

Lo reportado por el IJCF es que hay 285 cuerpos que difícilmente serán identificados por las condiciones de descomposición en las que se encuentran desde la anterior administración, aseguran que los lixiviados desintegraron las fichas de identificación; hay 474 espacios utilizados de 590 en total y 85 personas están en calidad de imposible identificar, así lo catalogó el nuevo director, Gustavo Quezada.

Respecto a los mil 559 cuerpos que fueron incinerados en el Semefo entre 2013 y 2015 contra la legislación en la materia que obliga a preservar los cuerpos y conforme al Protocolo de Atención en caso de Desaparición, de crear todo un expediente y tomar las pruebas de ADN para hacer las confrontas, Gustavo Quezada quien fue nombrado hace un mes ya como titular del Instituto y no solo encargado del despacho, aseguró que hay 2 años y 3 meses de rezago en este trabajo pero se hizo una reingenieria al interior para procesar información y la versión digital ya está supuestamente al servicio de las familias.

Ambos funcionarios aclararon que no hay una sola acta administrativa contra el personal de Semefo o funcionarios originadas en el propio Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, sino en Contraloría del Estado donde hay un número indefinido de carpetas de investigación abiertas contra funcionarios de primer nivel y será la Fiscalía Estatal Anticorrupción quien resuelva las consecuencias legales de los responsables de la crisis forense y la violación a los Derechos Humanos de las Víctimas y sus familias en 605 casos que no fueron identificados e inadecuadamente resguardados los cuerpos; los señalados son:

Raúl Sánchez Jiménez, exfiscal del Estado; Maricela Gómez Cobos, exfiscal central; Fausto Mancilla Martínez, exfiscal regional; José́ Lino Morales Estrada, subdelegado adscrito a la Dirección de Investigación y Persecución del Delito de la FGJ; Salvador Marco Antonio Cruz Flores, director de Recursos Materiales de la FGJ; Bernardo Arzate Rábago, coordinador general de Administración y Profesionalización de la FGJ; Luis Octavio Cotero Bernal, ex director general del IJCF; Eduardo Mota Fonseca, ex director del Servicio Médico Forense; Francisco Javier Ortega Vázquez, ex coordinador de Recursos Materiales y Servicios Generales del IJCF.