Guadalajara, Jalisco.

Luego que se dio a conocer que las diputadas Maria Refugio Ruiz Moreno y Juanita Ceballos contrataron a sus hijos, y que la diputada Anahi Olguín hizo lo propio con su hermano, el titular de este organismo, Raul Bermúdez, señaló que abrieron de oficio las indagatorias.

"Son investigaciones que de manera oficiosa la contraloría interna del congreso asume porque son del conocimiento público y la ley otorga atribuciones a los órganos internos de control para que en el momento en que algún tema salga al conocimiento público se tenga que atender. Está la investigación, no les puedo compartir el contenido, la ley de transparencia no me lo permite y por qué tengo que llevar un debido proceso, pero las investigaciones se están realizando por la posible falta administrativa de conflicto de interés", argumentó Bermúdez.

La Contraloría tendrá hasta cuatro meses para calificar la falta

"Realmente es una falta administrativa grave y la ley de responsabilidades administrativas así lo tipifica. La contraloría tendrá que investigar, calificar la falta y en ese momento, si se califica como falta grave, se tendrá que enviar este expediente al Tribunal de Justicia Administrativa y serán los magistrados quienes determinen y califiquen la sanción", aseguró Bermúdez.

Mencionó que si bien el conflicto de intereses no es delito, sí es sancionable con la inhabilitación hasta por diez años y sanciones económicas de hasta 200 Unidades de Medida.

Además, Raúl Bermúdez confirmó que tienen en total 20 carpetas abiertas contra funcionarios o proveedores del Congreso que incumplieron contratos.