Guadalajara, Jalisco.

Se trata de José Raúl Rivera Rivera, un abogado con posgrados en derecho penal que en su currículum no cuenta con ningún cargo público o antecedente de trabajar para el gobierno.

Un aspecto que a las organizaciones civiles y los colectivos de familias con desparecidos, era vital: cero vínculos.

Acompañado del fiscal general a quien sólo amenazó con declaraciones de ultimátum el gobernador, el secretario de gobierno y el fiscal de derechos humanos, Jorge Aristóteles Sandoval anunció a quien eligió de la terna de tres perfiles que el comité le entregó.

Además de los casos de desaparición forzada que han convulsionado a la opinión pública en Jalisco, el fiscal especial de Desaparecidos deberá activar la búsqueda de más de 3 mil denuncias; ante familias y defensores de derechos humanos como los integrantes de Cladem y el Cepad.

Su nombramiento representa un eslabón de la larga cadena de responsabilidades que el Gobierno de Jalisco tiene frente a la crisis de desapariciones forzadas y a manos de particulares, que coloca al Estado, entre los primeros tres lugares a nivel nacional.