Guadalajara, Jalisco.

Una colaboración de Surya Palacios @suryapalacios

Martha, jubilada del sistema educativo del estado de Jalisco, tuvo un accidente en el que resultó con quemaduras de segundo y tercer grado. Al llegar al servicio de urgencias de un hospital privado fue atendida de manera deficiente, de hecho, cuenta que ni siquiera le limpiaron la zona afectada, lo que propició que la herida se infectara.

Josefina, esposa de un pensionado de una secretaría del gobierno jalisciense, tuvo una fractura. Llena de dolor acudió a un hospital en la colonia Providencia donde se negaron a atenderla.

Carlos, docente jubilado, padece un malestar crónico en su columna. Mes con mes batalla para encontrar los medicamentos que alivian su dolencia, al tiempo que recibe malos tratos y descortesías de su médico tratante.

“Hay médicos que no nos miran ni a los ojos, que no contactan para poder hacer la entrevista de cómo nos sentimos, no sé porqué el trato discriminatorio”, dice Martha, quien prefiere omitir su nombre real.

Estos son solo tres ejemplos del trato que reciben de manera cotidiana los jubilados del Instituto de Pensiones del estado de Jalisco (IPEJAL). Los problemas más graves no solo se presentan en los ocho hospitales privados que prestan servicios subrogados, sino sobre todo en las consultas médicas que reciben los 31 mil 764 pensionados de la entidad.

Los servicios médicos de especialidad que debe prestar el Instituto de Pensiones están subrogados a galenos que se dedican a la consulta privada, y que hacen “un espacio” entre sus pacientes para atender, con toda clase de irregularidades, a los pensionados y jubilados.

Hasta mayo de este 2018, el IPEJAL tenía contratados a 166 médicos especialistas, quienes están obligados a atender a los pensionados “con calidad y profesionalismo, calidez y comprensión, empatía, respeto a la dignidad de las personas, y solidaridad ante el sufrimiento y el dolor de estas”, de acuerdo con la cláusula segunda del contrato de prestación de servicios signado por los doctores y Pensiones del estado, cuyas copias fueron obtenidas por #44Lab.

Dilaciones para pensionados

De 2013 a la fecha, a estos médicos especialistas se les han pagado honorarios por 549 millones 809 mil pesos, destacándose los años 2016 y 2017, cuando el IPEJAL casi triplicó el monto total de estos pagos en contraste con lo erogado al inicio de la administración de Aristóteles Sandoval.

No obstante, como si las consultas se prestaran de manera gratuita, el trato es diferente si se trata de jubilados. Al llamar al azar a los consultorios de varios especialistas que prestan servicios para IPEJAL, comprobamos que las citas para los pacientes particulares están disponibles de inmediato, mientras que para los jubilados el médico puede atenderlos hasta octubre o noviembre.

Este es el caso del gastroenterólogo Javier Pinedo Gómez, con quien hicimos una cita –sin problema alguno- para este lunes 25 de junio. En una segunda llamada, al aclarar que se trataba de un presunto paciente de Pensiones, la auxiliar del galeno aclaró que no había citas hasta el 1 de octubre.

“No tenemos antes, está muy saturada su agenda, tiene muchísimo paciente”, recita la secretaria.

Lo mismo sucedió con la uroginecóloga Julia González, cuya agenda para los pacientes jubilados está disponible hasta el 6 de noviembre, aunque antes sí hay espacio si se trata de consultas para mujeres que no pertenezcan a Pensiones.

“Como nomás da (consulta) los martes, y la mayoría de gente hace citas a futuro, a un mes a dos meses, y así, se van llenando los espacios”, explica una joven encargada de la recepción de llamadas en el consultorio de la doctora.

Consultada sobre esta situación, González explica que la demanda es tan grande que su agenda se llena de inmediato.

“Yo doy veinte consultas por semana, entonces yo divido mi consulta en diez particulares y diez pensionadas, el problema es que en Pensiones yo soy la única encargada de la clínica de urogine”, detalla.

Niega que otorgue un trato diferenciado a los pacientes de pensiones, a pesar de que el IPEJAL suele retrasarse en el pago de honorarios, los cuales, argumenta, ascienden a 210 pesos por consulta.

“Obviamente esas diez consultas se me llenan completamente, (…) ponte en mi lugar, yo no puedo abrir mi agenda a toda la población de pensiones, y de qué voy a pagar mi renta”, se queja la especialista.

Sin embargo, al revisar en internet el sistema de pagos del IPEJAL, comprobamos que, del 7 de julio de 2015 al 20 de junio de 2018, la doctora González ha recibido el pago de 2 millones 779 mil 379 pesos por concepto de honorarios.

En el caso de Carlos, además de la escasez de medicamentos de alta especialidad, ha tenido que lidiar con las desatenciones de su cirujano.

“Este neurocirujano se ha portado de lo más, como te diría, carente de ética por completo. Te cancelan las citas, te dicen ‘¿sabe qué? su cita está cancelada, vengase tal día’, llega tal día, (y) se va a tener que esperar porque el doctor llegó tarde”, enfatiza.

Las situaciones antes descritas violentan los derechos de los jubilados como pacientes, y como adultos mayores, y en el caso de las mujeres pensionadas hay una triple victimización, sobre todo si quien las ausculta es un hombre que busca concluir la consulta lo más rápido posible.

“Claro que se siente uno vulnerable o se siente uno como que la consulta no es completa porque como que no hay empatía”, lamenta Martha.

Médicos sin supervisión

Hay dos momentos en la vida en los que los seres humanos somos vulnerables: la enfermedad y la vejez. La primera, la experimentamos todos de alguna u otra forma desde que nacemos, la segunda nos llega con la edad. Cuando ambas se combinan la debilidad es extrema.

El Instituto de Pensiones del estado de Jalisco no realiza ningún tipo de supervisión a los 166 médicos especialistas que le prestan servicios. En los hechos, no hay un seguimiento específico que constate el cumplimiento del contrato que los galenos tienen signado con el organismo.

Los jubilados se han convertido así en una población cuyos derechos humanos se vulneran de manera sistemática por parte de quienes, por mandato de ley o de manera contractual, están obligados a cuidar de su salud e integridad.