2017, un año de complejas luchas y retos para el Gobierno de Nicolás Maduro
Fotografía: AFP
Caracas, Venezuela.

El 2017 ha sido uno de los años más complejos para el Gobierno del presidente venezolano, Nicolás Maduro, que aprovechó la división de la oposición para ganar varias elecciones importantes y al mismo tiempo enfrentó una crisis económica debido a las sanciones económicas y jurídicas impuestas por Estados Unidos.

Frente a las protestas opositoras que exigían, entre otras cosas, la renuncia de Maduro y la celebración adelantada de comicios presidenciales, el mandatario convocó a una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en mayo para reformar el Estado venezolano y crear una nueva Constitución.

Tras la elección, el pasado 30 de julio, de los 545 asambleístas que integran la ANC, el país sudamericano entró en un nuevo escenario de confrontación política al no reconocer la oposición la legitimidad de la instancia plenipotenciaria.

Las jornadas de protestas antigubernamentales, que duraron desde abril hasta julio, dejaron 121 muertos, de acuerdo con cifras del Ministerio Público.

Según indicó a Xinhua el analista Luis Gavazut, este año el Gobierno obtuvo logros políticos “importantísimos”, especialmente porque “se logró contrarrestar el plan de golpe de Estado de violencia callejera, de intervencionismo militar directo en Venezuela”.

Además de la elección de la Asamblea Constituyente, Venezuela vivió los comicios regionales, donde el chavismo obtuvo 18 gobernaciones de las 23 del país, mientras que la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) logró cinco.

No obstante, al negarse el candidato opositor electo por el estado de Zulia (oeste), Juan Pablo Guanipa, a juramentar ante la ANC, esta decidió anular su elección y convocar a un nuevo proceso electoral en esa región el 10 de diciembre.

El Gobierno y la Constituyente decidieron reprogramar y adelantar las elecciones regionales y de 335 municipios al 10 de diciembre, con el argumento de que era una manera de demostrar que en Venezuela existe una democracia “vigorosa”.

Según cifras oficiales, las fuerzas políticas del oficialismo venezolano obtuvieron 305 alcaldías, mientras que las restantes 30 fueron para opositores e independientes.

Pese a las diferencias que mantienen el Gobierno y la oposición, el año 2017 también estuvo marcado por la reactivación del diálogo, tras varios intentos fallidos, el pasado 1 de diciembre en República Dominicana, donde no hubo un “acuerdo definitivo” pero sí “avances significativos”, según los voceros.

Este acercamiento, que dividió aún más a la alianza opositora MUD y a sus representantes en el Congreso, abrió la posibilidad de “negociar”, de acuerdo con Maduro. Se prevé un tercer encuentro el próximo 15 de diciembre, cinco días después de los comicios municipales.

No obstante, el “éxito” del Gobierno en el plano político no ha sido el mismo en el ámbito económico, que atraviesa una crisis caracterizada por la escasez de alimentos y medicinas y una alta inflación de tres dígitos, y que se ve afectado ahora por las nuevas sanciones económicas y jurídicas que Estados Unidos impuso al Estado venezolano el pasado 25 de agosto.

Venezuela, que denuncia una “persecución financiera” internacional, ha sido objeto de una serie de sanciones “selectivas” desde inicios de este año por parte de Washington y Canadá, y desde noviembre enfrenta también sanciones administrativas de la Unión Europea (UE).

La primera sanción de este año fue impuesta por el Departamento del Tesoro estadounidense al vicepresidente venezolano, Tareck El Aissami, a quien acusó de proteger y supervisar cargamentos de droga desde Venezuela hacia México y Estados Unidos durante sus gestiones como gobernador del estado de Aragua (2012-2017) y ministro del Interior (2008-2012).

Posteriormente, el 26 de julio, EEUU anunció sanciones contra 13 funcionarios y excolaboradores del Gobierno de Venezuela, que incluyen a la presidenta del Poder Electoral, Tibisay Lucena; al entonces defensor del Pueblo y actualmente fiscal general, Tarek William Saab, y al ministro del Interior y Justicia, Néstor Reverol.

Además, el 1 de agosto el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, anunció sanciones directas contra su homólogo, Nicolás Maduro, a quien acusó de “ruptura constitucional” por avanzar en la elección de la Constituyente el día anterior .

Por su parte, el mandatario venezolano ha denunciado desde entonces que Washington ha emprendido una “persecución financiera” contra Venezuela para debilitar a su Gobierno, y acusa a la oposición local, especialmente al presidente opositor del Congreso, Julio Borges, de pedir las sanciones.

Maduro sostiene que estas acciones contra su país, junto a los reportes negativos de agencias calificadoras internacionales, pretenden que Caracas caiga en impago con sus acreedores internacionales, pero aclaró que esta situación “nunca llegará a Venezuela”.

Ante ese panorama y con los bajos precios del petróleo, que representa el 96 por ciento de los ingresos de divisas al país, “las perspectivas para el 2018 no son nada halagadoras para Venezuela”, expresó Luis Gavazut, miembro investigador del Observatorio Económico de la Presidencia del país caribeño.

“Es previsible que si para el 2018 se mantienen los recortes de producción OPEP y no OPEP”, como fue acordado hace días en Viena, Austria, “y al mismo tiempo pudiese también (darse) la posibilidad de aumentar esos recortes”, entonces podrían subir los precios entre 60 y 70 dólares por barril, estimó.

Gavazut afirmó que esto “sería muy significativo para Venezuela, sobre todo en esta situación de severa restricción financiera que tenemos en este momento”.

“Pero no debemos perder de vista la pesada carga de la deuda externa venezolana, tanto del Gobierno central como de la propia PDVSA (Petróleos de Venezuela), que está en alrededor de 100.000 millones de dólares de acuerdo con los registros oficiales”, precisó.

Al referirse a la deuda, observó que es “muy pesada” por las condiciones bajo las que se adquirió.

Consideró igualmente que las tasas de intereses que aceptó Caracas para esos bonos “fueron muy excesivas”, y “todo eso es influido también por el elevado riesgo que le han colocado al país las calificadoras de riesgo internacionales”.

No obstante, recordó que “eso no (ha sido impedimento) para que el Gobierno pueda cumplir con el compromiso de deuda externa”.

“Por eso, recientemente el presidente Maduro llamó al refinanciamiento y la reestructuración de la deuda externa”, y subrayó que “es muy importante para Venezuela” lograrlo, mencionó Gavazut.

Al hacer alusión a las perspectivas económicas para el año 2018, el economista sostuvo que “el principal riesgo económico es que se continúe deteriorando el poder adquisitivo de la población, con consecuencia en el nivel de vida de la población, sobre todo de bajos recursos”.

No obstante, señaló que, en parte, “todo va a depender de la recuperación del mercado petrolero internacional”.

Por el momento, el Gobierno venezolano impulsa propuestas para recuperar los precios de los hidrocarburos, mientras en el ámbito interno avanza en una lucha contra la corrupción en PDVSA, donde han sido detenidos más de 100 altos funcionarios por estar presuntamente vinculados a irregularidades.

Adicionalmente, fueron capturados el exministro de Petróleo y Minería, Eulogio del Pino, y el expresidente de la petrolera estatal Nelson Martínez, acusados de corrupción.

Maduro, quien descartó una “cacería de burjas” con estas acciones, advirtió que “no me importa el nombre que tenga, no me importa el cargo que tenga, el que se meta a ladrón terminará juzgado, preso y condenado por las leyes de la república”.

Deja un Comentario

Please enter your comment!
Please enter your name here