El último evento estelar de la vigesimonovena Feria Internacional de Libro en Guadalajara (FIL) no fue el homenaje a Fernando Benítez, sino lo que denominaron “FIL Debate: las desapariciones en México desde una perspectiva de los derechos humanos”, con la participación de Mario Patrón, director del Centro Pro de Derechos Humanos; Alejandro Herrera, integrante del Grupo de Expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); Anabel Hernández y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Con esa evidencia de lo videograbado por normalistas atacados el 26 de septiembre de 2014 en Iguala y que la Procuraduría General de la República (PGR) se negó a incorporar inmediatamente en las investigaciones, inició la participación de Anabel Hernández, colaboradora del semanario Proceso. Recapituló las cifras de personas desaparecidas desde el sexenio de Felipe Calderón en el contexto de la guerra contra el narcotráfico y cuestionó la política de Enrique Peña Nieto de negar la grave situación por números y de casos sin atender.

Mario Patrón es uno de los abogados acompañantes de las familias de los 43 estudiantes desparecidos de Ayotzinapa, antes de presentar un diagnóstico del caso, tuvo el gesto de saludar a las familias de personas desaparecidas en Jalisco.

En la desaparición forzada a manos de diversos elementos del Estado, resaltó Patrón que lo sucedido en Guerrero, vino a poner urgencia en el tratamiento de los más de 26 mil desaparecidos en México.

Las carencias que tiene el aparato procurador de justicia en México es que no existe un sistema nacional de búsqueda, no hay un plan de búsqueda de personas desaparecidas, ya que la PGR apenas cuenta con 21 ministerios públicos para la tarea, y el presupuesto se redujo de 40 millones de pesos destinados en 2014 para la unidad de desaparecidos a 14.6 millones en 2015, en el marco de la corrupción política en todas las regiones del país que terminan trabajando para el crimen organizado, quien se apropió de procesos electorales y economías formales como informales.

Roberto Campa Cifrián, subsecretario de Derechos Humanos en la Secretaría de Gobernación, después de las duras revelaciones de los otros expositores, asintió.

 

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